Por qué Trump puede hundir a Venezuela en el caos con su “intervencionismo barato”

elDiarioAREl Diario Ar13/11/20252 Views

El despliegue militar, las amenazas a Caracas y la orden a la CIA de actuar contra Maduro son un espectáculo de fuerza con el que espera que los militares venezolanos se rebelen.

Desde el mes de agosto, la Administración Trump preparó el escenario para una ilegal y controvertida intervención en Venezuela que podría provocar el caos en el país y parte de la región. Estados Unidos lleva a cabo un masivo despliegue naval y aéreo en el Mar Caribe y lanza diferentes mensajes, incluyendo dudas, sobre una posible intervención. Entre tanto, el presidente ordena ataques mortales en las costas de Venezuela y Colombia contra pequeñas embarcaciones que supuestamente transportan drogas hacia Estados Unidos.

Este martes, ante la llegada a aguas latinoamericanas del portaviones estadounidense USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo, Nicolás Maduro anunció una movilización extraordinaria.

La Casa Blanca afirma que tiene un “conflicto armado no internacional” contra “combatientes ilegales”. O sea, contra los carteles de la droga a los que califica de “grupos armados no estatales” y “terroristas”. Así, equipara a organizaciones del crimen nacional e internacional con grupos terroristas como Al-Qaeda o el Estado Islámico, y vincula la “guerra contra el terror” lanzada después del 11 de septiembre de 2001 con el narcotráfico. Diversos expertos indican que las acciones de Estados Unidos violan la Ley del Mar (que Washington nunca firmó, pero debe acatar), y la Carta de la ONU sobre el uso de la fuerza como autodefensa.

La guerra contra “el terror” de la Administración Bush violó el derecho y el régimen internacional sobre derechos Humanos, con detenciones extraterritoriales y torturas. Por su parte, la Administración Obama llevó a cabo numerosos ataques de dudosa legalidad contra supuestos terroristas en Yemen, Somalia y otros países con vehículos no tripulados (drones).

Lo doméstico es internacional

La operación de Trump tiene una fuerte conexión con la política doméstica en Estados Unidos. El presidente quiere demostrar que controla el flujo de fentanilo, una droga que causa estragos en el país norteamericano; que expulsa a venezolanos en el marco de las deportaciones de inmigrantes; y que ejerce el poder sobre el Caribe, zona clave en la expansión imperial estadounidense en los siglos XIX y XX. Los ideólogos de la operación son el poderoso subsecretario de Asuntos Políticos Stephen Miller y el secretario de Estado Marco Rubio.  

Pese a que Maduro ha ofrecido que las compañías estadounidenses entren a explotar los ricos recursos de Venezuela, y está aceptando deportados, Trump ha decidido lanzar su ofensiva. Las razones se deben a que sufre una fuerte caída de popularidad en las encuestas

Trump, Miller y Rubio construyen una narrativa según la cual, primero, el Gobierno venezolano habría enviado presos y enfermos de sus cárceles y hospitales psiquiátricos a Estados Unidos. Segundo, señalan sin pruebas al presidente Nicolás Maduro como líder del “Cártel de los Soles” que, según Phil Gunson, del International Crisis Group, no existe. Tercero, afirman que Venezuela produce y exporta fentanilo hacia Estados Unidos

Las tres afirmaciones son falsas, según expertos y medios de comunicación. La Oficina de las Naciones Unidas sobre el Crimen y el Delito (UNODC) no identifica a Venezuela como productor ni de cocaína ni de fentanilo. Una duda razonable en la región es qué pasaría si Estados Unidos decide actuar militarmente contra los países que efectivamente producen y desde los que se trafica cocaína y fentanilo, como Colombia y México.

Pese a que Maduro ha ofrecido que las compañías estadounidenses entren a explotar los ricos recursos de Venezuela y está aceptando deportados, Trump ha decidido lanzar su ofensiva. Las razones se deben a que el presidente de EEUU sufre una fuerte caída de popularidad en las encuestas. El Gobierno ha sufrido el mayor cierre de la administración de la historia de EEUU ante la falta de acuerdo por recortes sanitarios.

Según las encuestas del Washington Post/ABC News e Ipsos, el 45% de los ciudadanos responsabiliza a Trump del problema presupuestario, mientras que sólo el 33% a los demócratas. Igualmente, amplios sectores empresariales –incluyendo a la poderosa Cámara de Comercio— han apelado al Tribunal Supremo contra las arbitrarias políticas de tarifas arancelarias del Gobierno. 

El presidente quiere mostrar la 'primacía imperial' en el continente americano

Internacionalmente, las cosas tampoco van bien para el “presidente de la paz”, como se autodenomina Trump. Su plan para Gaza que resolvería una guerra de “3.000 años” (incorrecto), se quedó en un curioso alto el fuego respetado por Hamas, pero roto por Israel, con decenas de muertos diarios. Mientras tanto, la constitución de una administración y una fuerza de paz para Gaza no avanza.  

Tampoco hay pasos adelante en la guerra de Ucrania. Moscú continúa su ofensiva, la propuesta de una fuerza europea en ese país se diluye, y Estados Unidos se niega a entregarle misiles Tomahawk de alcance medio a Kiev mientras lo presiona para que acepte perder parte de su territorio a cambio de paz.  

Escenarios de ataque

En este contexto, bombardear embarcaciones y realizar un despliegue militar gigantesco para amenazar al Gobierno de Maduro es económicamente costoso, pero políticamente barato. 

Trump prometió que no enviaría fuerzas a guerras “sin sentido”, como las de Irak y Afganistán, para contentar a parte de su base social que rechaza participar en ese tipo de intervenciones. Ideólogos del movimiento Make America Great Again critican enviar fuerzas y gastar recursos en esas guerras y en tratar de cambiar gobiernos por la fuerza.  

El presidente quiere mostrar la primacía imperial en el continente americano (recordemos que ha señalado que Canadá les pertenece). El despliegue militar, las amenazas a Caracas y la orden a la CIA de actuar contra Maduro son un espectáculo de fuerza con el que espera que los militares venezolanos se rebelen –y algunos aspiren a cobrar los 50 millones de dólares de recompensa que Washington ofrece por el presidente venezolano–. 

Supuesta narcolancha hundida por el Ejército de EEUU en un vídeo difundido el 24 de octubre de 2025.

Si los militares no se levantan contra Maduro, Washington les recuerda que podrían capturados, extraditados a Estados Unidos, y juzgados por terroristas. Como explica Christopher Sabatini, de Chatham House, “es una fórmula de intervencionismo barato”: sin implicar fuerzas en el terreno.

En el caso de que los militares venezolanos no cumplan con esa expectativa, Trump podría ordenar ataques aéreos o con misiles desde el mar para destruir cuarteles, la casa de Gobierno o depósitos de petróleo. Se descabezaría al Ejecutivo y colapsarían las líneas de mando, control y comunicación, y la economía. Esto podría desencadenar enfrentamientos entre los militares y quizá una revuelta civil contra el Gobierno. 

Otra opción es combinar los ataques quirúrgicos con la “extracción” o captura de Maduro y el poderoso ministro de Relaciones Exteriores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, por parte de fuerzas de operaciones especiales. Sin jefes ni centros administrativos para coordinarse, los militares (o una parte de ellos) se rendirían. Estados Unidos entregaría el poder a María Corina Machado, reciente Premio Nobel de la Paz (que dedicó a Trump) y figura muy cercana a Marco Rubio

Realidad y ficción de las intervenciones

Más allá del carácter represivo del Gobierno de Maduro, una intervención violaría el principio del derecho internacional de no injerencia en los asuntos internos de otro Estado. Pero, además, las cosas podrían no salir bien. 

Los académicos Alexander B. Downes and Lindsey A. O’Rourke explican en Foreign Affairs que, según sus estudios, las decenas de acciones estadounidenses en América Latina y otras partes del mundo para “cambiar regímenes” no han tenido éxito, han generado caos, violaciones de derechos humanos y hasta guerras civiles. 

Machado tiene un plan de gobierno (denominado Tierra de Gracia), basado en incrementar la exportación de petróleo (Venezuela tiene las mayores reservas de crudo del mundo), la privatización masiva y el apoyo del Banco Mundial y el FMI. El problema es que ese plan habría que implementarlo en medio de una guerra o en un país en colapso. El escenario recuerda dos casos claves. 

Las fuerzas armadas venezolanas no tienen capacidad de resistir a Estados Unidos, pero pueden reconvertirse en grupos de guerrillas combatiendo contra un gobierno instaurado por Washington

Una serie de opositores a Sadam Husein influyeron a la Administración Bush para invadir Irak en 2003. Luego ellos se harían cargo de gobernar. Pero su plan era vago. Washington impuso una administración colonial y disolvió a las fuerzas armadas. Muchos jefes militares se fueron a la clandestinidad y reaparecieron después como líderes del Estado Islámico.  

En el caso de Libia, la revuelta de 2011, apoyada por la OTAN, derrocó a Muamar el Gadafi. La decapitación del Estado central, la fragmentación del ejército y de numerosos grupos armados de la oposición, más la competencia violenta por el petróleo y otras riquezas naturales tiene similitudes con Venezuela. 

Las fuerzas armadas venezolanas no tienen capacidad de resistir a Estados Unidos, pero han pedido a Rusia, China e Irán que aumenten su ayuda militar. Si aceptan, crecerá la tensión entre ellos y Washington. En tanto, parte del ejército bolivariano puede reconvertirse en grupos de guerrillas combatiendo contra un gobierno instaurado por Washington.

La identidad nacionalista del ejército de Venezuela se reafirmaría con una intervención extranjera. Los grupos armados colombianos que operan en Venezuela y la diversificación de organizaciones criminales en Ecuador podrían ser parte de un escenario conflictivo nacional y regional. En ese caso, ¿estaría dispuesto Estados Unidos a enviar efectivos para defender a María Corina Machado, una presidenta sin fuerzas armadas?

Mariano Aguirre Ernst es investigador no residente del Centro de Barcelona de Cuestiones Internacionales (CIDOB); asesor del Centro de Seguridad Regional de la Fundación Friedrich Ebert; y miembro asociado de Chatham House.

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