
Otra más. Y todo corruptos. José Luis Ábalos no se ha limitado a entrar en la cárcel de Soto del Real. Desde su reclusión en este centro madrileño, donde fue recluido el pasado jueves tras la orden del Tribunal Supremo, el exministro de Transportes ha decidido lanzar duras acusaciones contra la presidenta de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, Francina Armengol, acusándola abiertamente de prevaricación en relación con los contratos de mascarillas gestionados durante la pandemia. Este movimiento no solo busca diluir responsabilidades, sino que también pone al descubierto las profundas divisiones dentro del Partido Socialista Obrero Español, donde las disputas internas se han convertido en un campo de batalla judicial. La decisión del magistrado Leopoldo Puente de enviar a prisión provisional y sin fianza tanto a Ábalos como a su exasesor Koldo García ha supuesto un punto de inflexión en la política española. Por primera vez, un diputado en activo ingresa en una prisión por corrupción, un hecho que ha remecido los cimientos del hemiciclo. Sin embargo, lo que ocurre ahora desde las celdas es aún más revelador: el exministro no solo critica a sus compañeros de partido, sino que les atribuye responsabilidades por delitos administrativos. «Me desprecia a mí, desprecia al Tribunal Supremo y desprecia al Congreso de los Diputados», ha manifestado Ábalos sobre cómo siente que está siendo tratado, aunque sus palabras también parecen dirigidas a aquellos que no le brindan apoyo desde las altas esferas socialistas. El expediente fabricado en Baleares Lo que Ábalos cuestiona se encuentra precisamente documentado por la Guardia Civil en sus exhaustivos informes. El Gobierno balear, bajo el mandato de Armengol, desembolsó 3,7 millones de euros de fondos públicos a la trama liderada por Koldo García durante una crisis sanitaria, aun cuando los técnicos de la administración insular alertaron sobre la…
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