El saldo de la “doctrina Bullrich”: represión, detenciones y espionaje sin control, fake news y venta libre de armas

Represión, criminalización de la protesta, mano dura con los migrantes, defensa irrestricta de los agentes de seguridad. La “doctrina Bullrich” que el Gobierno anunció esta semana se reforzará en el segundo tramo de la gestión de Javier Milei. Por eso, aunque cambió de ministra, el Presidente ensayó con Patricia Bullrich y su sucesora, Alejandra Monteoliva, una postal de continuidad: terminó abrazado a ambas en el acto de jura el lunes pasado.

El legado de la ahora jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado alcanza a más de 1.300 manifestantes heridos desde que se implementó el protocolo antipiquetes, en diciembre de 2023. Bullrich se ensañó especialmente contra la marcha de los jubilados de los miércoles, avanzando sobre abuelos pero también sobre periodistas y reporteros gráficos, trabajadores, personas con discapacidad. La ferocidad de la represión quedó ejemplificada en el grave ataque que recibió el fotógrafo Pablo Grillo en marzo de este año, cuando recibió en su cabeza el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno disparado de manera ilegal por un gendarme.

Pero la segunda gestión de Bullrich en Seguridad dejó hechos menos visibles e igual de preocupantes. Modificó o derogó leyes orgánicas y realizó reformas sustanciales al borde de la constitucionalidad en todas las fuerzas federales –Gendarmería, Prefectura, PSA y el Servicio Penitenciario–. Difundió noticias falsas o exageradas sobre operativos antidrogas y de control callejero. Permitió trasladar a represores a una cárcel con control militar. Logró hacerse de Migraciones –un área históricamente bajo la tutela del Ministerio del Interior– para endurecer la llegada de personas de otros países. Relajó los controles para que cualquier persona pueda poseer armas. Y hacia futuro, con el nuevo Código Penal, busca bajar la edad de imputabilidad.

La “represión Bullrich”

Desde diciembre de 2023 a noviembre pasado, el protocolo antipiquetes dejó al menos 1.393 personas heridas en las represiones, según registró el CELS en una estadística que compartió con elDiarioAR. De acuerdo a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), durante el primer semestre de este año se contabilizaron al menos 1.251 personas heridas, 36 más que en todo el 2024.

La gravedad de la represión dista mucho de un contraargumento que dio la propia Bullrich en la Cámara de Diputados en una discusión con legisladores: “Para usted los 200 policías que fueron heridos no valen”. El dato contradice al archivo de comunicados del ministerio: solo aparecen dos referencias a efectivos de seguridad heridos en distintas manifestaciones, un total de 20 efectivos federales lesionados.

El fotógrafo Grillo cumplió 36 años el domingo pasado y aún sigue internado. Su atacante, el gendarme Héctor Guerrero, está procesado, como el prefecto Sebastián Emanuel Martínez, que en esa misma represión –al otro lado de la plaza del Congreso– atacó con un balazo de goma en el ojo al manifestante Jonathan Navarro. Ambos agentes tienen como abogados a expertos en defender a policías acusados de gatillo fácil. Antes, en febrero de 2024, durante la votación de la primera versión de la ley Bases, la represión que dejó 280 heridos y una bala de goma policial le quitó la visión de un ojo al abogado en causas de derechos humanos Matías Aufieri.

La Federal de Bullrich

En julio de este año se publicó el Decreto 383/2025, que deroga la Ley Orgánica de la Policía Federal Argentina (PFA) vigente desde 1958 y aprueba un nuevo estatuto para esta fuerza, llegando a crear un “FBI argentino”: el Departamento Federal de Investigaciones (DFI). Desde entonces la fuerza puede detener personas sin orden judicial por un máximo de 10 horas, realizar ciberpatrullaje sin control judicial e iniciar investigaciones y recabar pruebas por su cuenta antes de que intervenga la Justicia. Además, el nuevo estatuto amplía sus funciones y le permite realizar tareas de análisis operativo que quedan excluidas del control de la Ley de Inteligencia Nacional.

“Ya no se trata de proteger los derechos y libertades de la ciudadanía, sino de resguardar un orden político que puede identificar como enemigo a quien lo cuestione”, cuestionó en su momento el CELS. “En lugar de investigar hechos o personas a pedido del poder judicial, es la policía la que decide qué elementos reunir, respecto de qué hecho, para luego dar inicio a una causa judicial”, alertaron en la Correpi.

Bullrich acompañó el reordenamiento organizacional con narrativa. Antes de irse repuso el nombre de Ramón Falcón a la Escuela de Cadetes y el de Alberto Villar, a la de suboficiales. Falcón fue el jefe de la policía en la represión a la huelga de inquilinas de 1907, en la que murió asesinado el adolescente Miguelito Pepe, y como responsable de la masacre en Plaza Lorea, conocida como la Semana Roja. Villar fue el impulsor de la Triple A y responsable de los primeros crímenes de lesa humanidad en la década de 1970. 

Narrativa Bullrich

La gestión de la ministra estuvo marcada por un discurso exagerado y que a veces directamente falso, llegando a justificar operativos sorprendentes. Apenas comenzó el Gobierno, en enero 2024, festejó la detención de una supuesta “célula terrorista”: un peluquero y un profesor de tenis de mesa de origen sirio. Finalmente fueron liberados porque el caso incluía contradicciones y pistas más sospechosas que algunos de los sospechados.

“Mucho talco, poco Eficient-e”, festejó la funcionaria en su cuenta de X cuando Gendarmería detuvo a un hombre en Mendoza por llevar, supuestamente, más de 2kg de cocaína ocultos en envases de talco dentro de un micro de larga distancia. El hombre pasó 21 días preso, hasta que fue liberado por efectivamente era talco lo que transportaba.

Bullrich también festejó en redes la detención en el ingreso a un estadio en Rosario de un presunto prófugo por pornografía infantil. En realidad se trataba de un periodista deportivo que fue demorado cuando llegó a retirar su credencial de prensa para ingresar a la cancha. La orden de captura era para un homónimo.

Otros hitos de la gestión Bullrich fueron la falsa acusación contra una madre y una menor por haber sido gaseadas por un policía, así como llamar “señora patotera” a una jubilada que fue agredida por un agente. Y el anuncio de un “muro” de apenas 200 metros para evitar el paso ilegal en la frontera entre la ciudad salteña de Aguas Blancas y Bolivia. Ella misma enterró el primer pilote de la obra.

Más armas y penas

Entre sus últimas medidas Bullrich autorizó la compra y tenencia civil de armas semiautomáticas (fusiles, carabinas, armas de asalto calibre superior a .22 LR), mediante un régimen especial que sustituye la prohibición previa. 

La Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego, Explosivos y demás Materiales Controlados (UFIARM), a cargo del fiscal general adjunto Gabriel González Da Silva, advirtió que esta flexibilización normativa incrementa riesgos concretos de desvío de armas al mercado ilegal. En su más reciente informe, denunciaron un aumento del fenómeno de “testaferros” o “compradores ficticios”: personas que, siendo “usuarios legítimos” habilitados, compran armas legalmente para luego transferirlas de forma ilícita a terceros no autorizados –posiblemente vinculados a redes criminales–. 

Y ya como senadora Bullrich buscará en el Congreso que se sancione el nuevo Código Penal. El proyecto propone bajar la edad de imputabilidad penal, una medida que implicaría que jóvenes de 13 años puedan ser juzgados con penas de cumplimiento efectivo por delitos graves. Además se extenderá la mano dura: el 82% de los delitos van a tener prisión efectiva. El proyecto sí mantendrá, pese a amenazas de cambio, la figura del femicidio –mantendrá la pena de reclusión perpetua– y no se revertirá la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

MC

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