En la oposición advierten que la ley Malvinas complica los argumentos argentinos en el juicio contra el Reino Unido ante el Tribunal del Mar

Diario ClarinPolitica18/11/202626 Views

Dirigentes de la oposición consultados por Clarín sentenciaron que el proyecto de ley de Defensa Nacional de la Soberanía, más conocido como “Ley Malvinas”, es “riesgoso” y “contraproducente” para el juicio que lleva adelante el gobierno de Javier Milei ante el Tribunal Internacional del Mar.

Ante esta corte creada por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), el gobierno de Javier Milei pidió medidas provisionales, cautelares, para que se ordene al Reino Unido que se prohíban las actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas.

En un fallo que se conocerá el próximo sábado 28 de noviembre, la administración apunta a frenar, en principio, a las empresas israelí Navitas Petroleum y británica Rockhopper. Estas anunciaron que van a empezar a extraer miles de barriles diarios del yacimiento conocido como Sea Lion, a unos 200 kilómetros en el mar de las Malvinas, administrado unilateralmente por el Reino Unido.

En consulta con distintas fuentes que pidieron estricta confidencialidad puesto que no desean aparecer como críticas ante un tema tan sensible como la histórica demanda de cautelares ante el Tribunal del Mar, estas consideraron el proyecto de ley es “riesgoso” porque “pone a Malvinas dentro del marco de la seguridad y la defensa” y puede servir a los británicos en el argumento de una eventual re militarización del Atlántico Sur -lo que a su vez ya había hecho Londres tras ganar en la guerra de 1982 con la propia base de Mount Pleasant- y la Argentina como “una amenaza”, lo que va en línea con los tuits del canciller Pablo Quirno y el presidente Javier Milei que la propia delegación británica puso en las audiencias ante el Tribunal del Mar.

Tras obtener dictamen de un texto ya modificado por la reacción adversa que a nivel interno y externo -entre ellos, la de los Estados Unidos por el impacto de la nueva normativa sobre sus empresas- causó el proyecto original creado por el equipo del asesor especial Santiago Caputo, este miércoles, la Cámara de Diputados tratará el proyecto de ley que, como punto clave; por un lado, incorpora el aumento de sanciones por las explotaciones consideradas ilegales. También endurece las penas económicas y penales para empresas y personas que exploten recursos naturales (hidrocarburos y otros renovables o no renovables) sin autorización argentina en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y espacios marítimos. Y contempla multas calculadas en barriles de petróleo, inhabilitaciones y penas de hasta 20 años de prisión.

Por el otro lado, crea un llamado Consejo de Seguridad Nacional que ampliaría las facultades del Estado para tomar medidas urgentes ante amenazas externas graves (como restricciones cambiarias o bloqueo de fondos).

En otro capítulo sobre injerencia extranjera y seguridad, el proyecto de Milei-Caputo incorpora regulaciones sobre inteligencia, cooperación con servicios extranjeros y protocolos para el control de buques o derribo de aeronaves militares extranjeras, lo que generó algunas de las más febriles críticas y debates en el Congreso debido a su necesidad de mayorías especiales y dudas sobre la división entre defensa y seguridad interior.

Otro tema que genera temor entre quienes siguen de cerca el pedido al Tribunal del Mar tiene que ver con la imagen contradictoria del reclamo en la ley contra las empresas. Este miércoles, durante los festejos del cumpleaños del rey de Bélgica, Clarín escuchó a varios europeos sostener que no solo Estados Unidos se había quejado del proyecto, sino también varios países europeos, entre ellos los holandeses.

Mientras el peronismo observa un tanto sorprendido como los libertarios le han “robado” la bandera de Malvinas que, históricamente era suya con una visión más nacionalista, en la oposición se han escuchado más fuertes las voces de Pablo Juliano, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade o Esteban Paulón, a la hora de los embates contra la Ley Malvinas.

Argentina y el Reino Unido presentaron sus alegatos ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) el 10 y el 11 de noviembre. La discusión no fue solamente sobre el petróleo. Argentina buscó instalar que la explotación de Sea Lion constituye una decisión unilateral británica en un territorio cuya soberanía está en disputa. Londres, en cambio, buscó llevar el debate a la falta de competencia del tribunal para intervenir en una cuestión que considera territorial.

La posición argentina: Buenos Aires sostuvo que existe una disputa de soberanía pendiente sobre las islas, reconocida por Naciones Unidas, y que Londres no puede avanzar unilateralmente con la explotación de hidrocarburos mientras esa controversia siga abierta. El jurista Marcelo Kohen recordó que Malvinas continúa en la lista de territorios no autónomos de la ONU y cuestionó que el Reino Unido evitara referirse a la disputa de soberanía durante sus alegatos.

Nicolas Jan Schrijver, otro integrante de la delegación argentina, planteó la urgencia de actuar: las empresas prevén comenzar las perforaciones en marzo de 2027 y la explotación comercial en 2028. Advirtió que, una vez iniciado el primer pozo, ya no habrá un statu quo que preservar.

La posición británica: Londres rechazó que el tribunal tenga competencia para intervenir porque considera que el reclamo argentino está basado, en realidad, en una controversia de soberanía territorial y no en derechos contemplados por la Convención del Derecho del Mar. También sostuvo que Argentina no demostró ni la urgencia ni la existencia de derechos plausibles que justifiquen las medidas cautelares. Pero además sostuvo la delegación que lo que pretende Argentina tendrá “consecuencias devastadoras” para las islas y que lo que “busca” Argentina es tomar “control” de los recursos de los habitantes de Malvinas que para Londres —no para Argentina— tienen derecho de “autodeterminación”.

Como argumento adicional, la representante británica Sally Langrish afirmó que no habrá perforaciones antes del 21 de marzo de 2027 y que el régimen de nuevas licencias petroleras permanece suspendido.

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