Apartan a la Unidad Antilavado de un caso conectado con los cuadernos de las coimas

La Cámara Federal de Casación apartó a la Unidad de Información Financiera (UIF), que es el organismo especializado en la persecución del lavado de dinero, de una causa judicial conectada con el caso de los cuadernos de las coimas, ya que está en vigor un decreto presidencial de Javier Milei que le impide ser querellante y acusar.

El caso no impacta en el juicio por los cuadernos de las coimas, que ya empezó y donde la UIF es querellante, sino que se refiere a un expediente lateral que investiga a los abogados de la viuda de Daniel Muñoz, el exsecretario privado de los Kirchner que murió con casi 100 millones de dólares en propiedades.

Fuentes de la UIF dijeron a LA NACION que buscarán llegar hasta la Corte para que se revea esta decisión.

La decisión fue de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal que en un fallo unánime, apartó a la Unidad de Información Financiera del rol de querellante con base en el Decreto 274/2025 del Poder Ejecutivo Nacional.

Los votos fueron de los jueces Mariano Borinsky, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci, que hicieron hizo lugar a los recursos de casación de las defensas. Apartaron a la Unidad de Información Financiera del rol de querellante en la causa seguida contra el abogado Miguel Angel Plo y otras personas allegadas a él; sin perjuicio validar todos de los actos cumplidos en la investigación.

Tuvieron en cuenta lo dispuesto por el Poder Ejecutivo de la Nación mediante el art. 10 del Decreto 274/2025 que revocó expresamente la autorización de la Unidad de Información Financiera para intervenir como parte querellante en procesos penales.

Esta decisión rige desde el día de su publicación en el Boletín Oficial, esto es, el 16 de abril de 2025. La derogación de la facultad de querellar de la UIF se fundamentó en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), teniendo en cuenta que en el derecho comparado y en otros países del mundo estos organismos no ejercen ese tipo de rol.

El otro argumento fue evitar la superposición de funciones con las de los fiscales, encargados de ejercer la acción penal pública; además de optimizar los recursos económicos, humanos y la eficiencia en el ámbito del Estado.

En esta causa se investiga la posible comisión del delito de lavado de activos que se habría cometido al pretender otorgarle apariencia de licitud al dinero de origen espurio presuntamente obtenido a consecuencia de parte de los hechos delictivos denunciados en la causa conocida como “cuadernos de la corrupción”.

Concretamente, en esa causa se estima que una porción de esos fondos de origen ilegal habrían sido canalizados en bienes comprados en el extranjero con el propósito de cortar todo lazo con los eventos ilícitos precedentes.

Este expediente no está incluido ni forma parte de los que son objeto parte del juicio oral en la causa de los cuadernos de las coimas, ni en otras conexas (13816, 18590 y 13820), cuyo juicio oral comenzó el 6 de noviembre de 2025.

De hecho el caso cuadernos lo maneja la Sala I de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Javier Carbajo, por ahora, que ya rechazó recursos similares buscando apartar a la UIF de este expediente, sin ahondar en el análisis de los argumentos,solo denegó el recurso.

En este expediente de la Sala III de Casación se investiga a Carolina Pochetti, la “viuda millonaria” de Muñoz, por el delito de lavado de dinero y embargó sus bienes por la suma de 38 millones de dólares. También a Franco Muñoz, hijo del exsecretario presidencial, embargado por 11 millones de dólares.

Al resto de los 20 acusados, entre los que están parientes suyos, abogados, testaferros y gestores inmobiliarios, se les confirmó el procesamiento y los embargó en total por 412 millones de dólares.

La magnitud del monto de los embargos da una idea del monto del dinero lavado por Muñoz y su familia, cuando sacó del país unos 70 millones de dólares y los invirtió en 16 lujosas propiedades en Miami, dos en Nueva York y luego ideó la construcción de un complejo turístico en un terreno costero de 16 hectáreas en las paradisíacas islas Turks and Caicos, del Caribe, para construir un inmenso resort de playa.

Además de estos bienes en el exterior, Muñoz y su banda lograron lavar en la Argentina más de 100 millones de dólares, pues se descubrieron a nombre del exsecretario presidencial 113 propiedades inmuebles a lo largo del país, que incluyen dos estancias en Santa Cruz, una de ellas de 20.000 hectáreas, complejos de cabañas en Villa La Angostura, El Calafate y San Martín de los Andes, inmuebles en Río Gallegos, edificios de cocheras, casas y departamentos en Buenos Aires.

Este caso, en manos del juez federal Julián Ercolini, es un desprendimiento del expediente principal de los cuadernos de las coimas, ya elevado a juicio oral, donde el chofer Oscar Centeno contó cómo trasladaba a los exfuncionarios kirchneristas que recogían coimas de empresarios en bolsos y en ocasiones lo llevaban al departamento de Cristina Kirchner, en Recoleta, donde los recibía el propio Daniel Muñoz.

La justicia sospecha que estos fondos no eran una “mexicaneada” de Muñoz a sus jefes, sino que el secretario adjunto, luego secretario privado y finalmente asesor presidencial con cargo y jerarquía de secretario de Néstor y Cristina Kirchner sería el testaferro de alguien más.