Ariel Vallejo, el financista cercano a Tapia, entregó su teléfono a la Justicia luego de los allanamientos

El financista Ariel Vallejo se presentó esta mañana ante la Justicia y entregó su teléfono celular y el de su madre, Graciela Vallejo, tras la ola de allanamientos ordenada por el juez federal Luis Armella, según pudo saber LA NACION de fuentes cercanas al empresario.

Tras los allanamientos ordenados ayer por el juez Armella en una causa por lavado de dinero, Vallejo designó anoche a Pablo Parera como su abogado y se puso a disposición de la investigación a través de un breve escrito.

“Habiendo tomado conocimiento a través de noticias periodísticas que se requiere mi comparencia a los estrados de este juzgado, indico que me presentaré en la sede judicial el día 2 de diciembre próximo, ello al objeto de ponerme a disposición de V.S.”, dice la presentación de una carilla que lleva la firma de Vallejo.

Armella ordenó ayer un total de 19 allanamientos. El principal fue en la sede central de Sur Finanzas, en la localidad de Adrogué. “Se llevaron información de 44 personas”, dijo una fuente con acceso a la causa.

De esa tanda de operativos, 11 tuvieron lugar en sucursales o domicilios vinculados a Vallejo. Uno de los procedimientos fue en la casa de la madre del empresario, Graciela, que aparece en varias sociedades vinculadas al empresario.

Armella también ordenó congelar todas las cuentas de Sur Finanzas, el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Vallejo, y secuestrar el teléfono del empresario. Por ese motivo, el financista entregó hoy el celular y aportó su clave.

En ese teléfono hay conversaciones con dirigentes de fútbol.

Vallejo por ahora se mantiene en silencio. “Yo solo hablo con el Chiqui”, dice por lo bajo.

El juez federal de Quilmes, a cargo del juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, investiga una maniobra de lavado de dinero en el Club Atlético Banfield. Ese expediente se alimentó en las últimas horas con la información que aportó la DGI en la causa principal por lavado y evasión.

En concreto, se investiga una presunta maniobra de lavado de activos por parte de Oscar Tucker y Federico José Spinosa, en representación de Banfield. Según consta en la causa, supuestamente sumaron al patrimonio del club un préstamo con Auriga League S.A. por 2.000.000 de euros, sin devolver la plata.

Vencidos los plazos sin pagar, se renegoció un mecanismo de repago de la obligación vinculada a la transferencia del jugador Agustín Urzi, que le daba a Auriga el derecho al 30% del precio neto de la transferencia del jugador, desde Banfield al club Juárez, de México.

La denuncia de la DGI tramita en el otro juzgado federal de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena. En las últimas horas, ese magistrado rechazó un planteo de incompetencia que había presentado la fiscal Cecilia Incardona, que interviene en las dos causas.