
Nos va as salir por un pico, pero estamos en vísperas electorales. Y la izquierda necesita desesperadamente mandar señales a su parroquia. Pedro Sánchez ha sellado esta semana un pacto histórico con los sindicatos más representativos de la Función Pública. El Gobierno se ha comprometido a elevar los salarios de los empleados públicos en un 11% acumulado entre 2025 y 2028, poniendo fin a años de estancamiento salarial y abriendo la puerta a una nueva fase de diálogo con CSIF, UGT y CC.OO.. Este acuerdo marca un cambio significativo en la relación entre el Ejecutivo y las organizaciones laborales, aunque el coste fiscal de esta medida —22.000 millones de euros en total— ha suscitado controversia sobre su viabilidad en un contexto fiscal cada vez más ajustado. El pacto incluye un calendario detallado de aumentos que impactará directamente en las nóminas de más de 3,5 millones de trabajadores públicos en toda España. Para el año 2025, la mejora será del 2,5%, aplicándose retroactivamente desde el 1 de enero. Esto implica que los funcionarios recibirán un pago único en diciembre para compensar los meses anteriores del año. En 2026, el aumento será del 2%, desglosado en un 1,5% fijo y un 0,5% variable relacionado con el IPC. Más adelante, en 2027 se incrementará un 4,5% y en 2028 otro 2%. Esta estructura escalonada refleja la intención del Gobierno de repartir el esfuerzo presupuestario durante estos años, al tiempo que responde a las demandas sindicales por recuperar poder adquisitivo frente a la inflación acumulada. El impacto real en las nóminas Los datos concretos revelan cómo este aumento se traduce en cifras tangibles según la categoría profesional. Un funcionario del grupo A1 —los que ocupan los puestos más altos, con un salario medio anual de 48.606 euros— verá su nómina incrementada en aproximadamente 154…
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