El Gobierno ha abierto una puerta sin precedentes para la regularización de inmigrantes que se encuentran en situación irregular. De acuerdo con una disposición del Reglamento de Extranjería, cualquier persona extranjera puede optar a un permiso de residencia simplemente declarando ser víctima de violencia de género o sexual, sin que sea necesaria una sentencia condenatoria, una denuncia formal ante la policía, o incluso el inicio de un procedimiento judicial. Las cifras son contundentes: durante 2024, se concedieron 8.129 permisos de residencia a víctimas de violencia de género o sexual, y en lo que va de 2025, ya se han otorgado 6.491, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En total, casi 15.000 extranjeras han conseguido la residencia en España en un lapso de dos años bajo esta figura. Flexibilidad extrema en la acreditación Lo peculiar de este sistema es que no exige los métodos tradicionales para acreditar la condición de víctima. El Gobierno ha establecido que basta con que un inmigrante declare haber sufrido una agresión sexual para dar inicio al proceso. Ni siquiera es obligatorio presentar una denuncia ante las autoridades competentes. El reglamento incluye diversas formas de acreditación: desde una orden de protección emitida por un juez hasta un informe del Ministerio Fiscal que indique signos de violencia sexual, pasando por resoluciones judiciales o documentos que certifiquen la condición de víctima conforme a la normativa sobre garantía integral de la libertad sexual. También se aceptan casos cuyos procedimientos judiciales hayan sido archivados o sobreseídos, denuncias en curso, o incluso sentencias con penas ya cumplidas. Ausencia de controles verificables El Ejecutivo no ha aclarado públicamente cómo garantizará que este sistema no se convierta en un acceso automático a la residencia sin verificar adecuadamente si los hechos alegados son reales. Tampoco ha proporcionado información sobre qué mecanismos…
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