El escándalo de las mascarillas que emergió durante la pandemia sigue revelando vínculos sorprendentes en lo más alto del Gobierno. José Luis Ábalos, exministro de Transportes, y su asesor Koldo García comparecerán ante el Tribunal Supremo el 7 de abril de 2026, junto al empresario Víctor de Aldama, por presuntas comisiones ilegales en contratos de material sanitario. En una reciente decisión, el Alto Tribunal ha aceptado que comparezcan como testigos el ministro Ángel Víctor Torres y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ambos involucrados en adjudicaciones cuestionadas durante sus mandatos como presidentes autonómicos. Este escándalo, que estalló en 2024, pone de manifiesto cómo la urgencia provocada por la Covid-19 se convirtió en un pretexto para llevar a cabo compras millonarias sin los controles adecuados. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha documentado en informes recientes una «relación fluida» entre la trama y altos cargos, evidenciada por mensajes de WhatsApp que muestran intervenciones directas para acelerar pagos. En Canarias, bajo la dirección de Torres, se adjudicaron contratos por 12,3 millones de euros a Soluciones de Gestión, empresa vinculada a Aldama, a pesar de que los precios estaban «fuera de mercado» y el material resultó defectuoso. Funcionarios habían alertado sobre irregularidades, pero Torres tomó las riendas personalmente: «Estoy encima de tu pago», le escribió a Koldo el 1 de julio de 2020. Conexiones en las islas y el Ministerio La red se extendió hasta Baleares, donde Armengol estaba al frente de la compra de 1,48 millones de mascarillas FFP2 por un total de 3,7 millones de euros. El material llegó en condiciones deplorables e inutilizable, aunque se emitió un certificado que permitió más contratos. A pesar del archivo por parte del Supremo a una querella presentada por Vox contra Armengol debido a la falta de nuevos indicios –remitiendo el…
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