
Cataluña ha alcanzado un preocupante récord en el ámbito de las ocupaciones ilegales de viviendas. De acuerdo con el informe Demografía de la delincuencia en España, que se ha publicado esta semana por el Observatorio Demográfico CEU-CEFAS, dirigido por Joaquín Leguina y Alejandro Macarrón, esta comunidad autónoma ocupa el primer puesto indiscutible en el ranking nacional de okupaciones. Las cifras son impactantes: durante el trienio 2022-2024, Cataluña registró 255 okupaciones por cada 100.000 habitantes, una cifra que supera en 3,6 veces la media del resto del país y que supera, por sí sola, la suma de tres grandes comunidades autónomas. Para dimensionar la magnitud del fenómeno, es suficiente con comparar los datos: mientras Cataluña alcanzaba las 255 ocupaciones por cada 100.000 habitantes, la Comunidad Valenciana se situaba en 103,2, Andalucía en 82 y la Comunidad de Madrid en 64,6. Si sumamos estas tres regiones, el total apenas llega a los 250 casos por cada 100.000 habitantes, casi igualando la cifra catalana en solitario. Las Islas Baleares ocupan el segundo lugar con 109,8 casos por cada 100.000 habitantes, muy lejos de la líder indiscutible. Un delito tolerado por el Estado Los autores del estudio definen la ocupación de viviendas como una «forma de robo tolerada por el Estado«. Este término no es casual. Desde el año 2010, el Ministerio del Interior ha contabilizado cerca de 170.000 casos de allanamiento o usurpación en toda España; sin embargo, solo se han llevado a cabo 68.496 detenciones durante ese mismo periodo. La desproporción es evidente: menos de la mitad de los okupas han sido arrestados, lo que pone de manifiesto una aplicación desigual de la ley o una falta de recursos para abordar este problema. La legislación española ha tenido un papel crucial en esta situación. Desde 2015, la ocupación de viviendas se tipifica…
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