Los narcos operaban desde una villa porteña, levantaron a las tres mujeres en La Tablada y las masacraron en Florencio Varela. Otro dealer vivía en Barracas y lo asesinaron en Merlo. Otra banda ocultaba la cocaína en una fosa de General Rodríguez, la llevaba a un departamento cerca del Obelisco y generaba desde ahí un estropicio en todo el Conurbano. Y los ejemplos se amontonan, contradiciendo a los políticos que durante días descargaron las responsabilidades por delitos y cadáveres al lado opuesto de la General Paz. Funcionarios bonaerenses acusando a los porteños y porteños devolviendo las vilezas. Pero el área metropolitana es un universo por el que circulan millones de personas y mercaderías cada día, entre los recelos mutuos de las autoridades y las peleas por negocios de las policías bonaerense y metropolitana.

“La connivencia entre la Policía metropolitana y los narcos es innegable”, dice un alto funcionario del Ministerio de Seguridad bonaerense a LA NACION. “¿Vos querés que un operativo antidrogas fracase? Hacelo con la Policía bonaerense”, retruca un veterano del Ministerio de Seguridad porteño ante este diario. Pero ambos, pese a todo, coinciden en un punto: falta trabajo conjunto; falta confianza.

“Empecemos por lo evidente”, plantea un exfuncionario porteño de peso. “La ciudad de Buenos Aires es como un acordeón en el que viven 3 millones de personas y al que entran y salen 3,5 millones de personas más todos los días. Hacés un retén en algún punto estratégico y podés terminar secuestrando 3 o 5 kilos de droga. ¡Imaginate la que circulará!”.

No exagera. En febrero, un auto pasó una luz roja, la policía metropolitana lo persiguió hasta que chocó en Belgrano. Tenía cinco kilos de cocaína en el baúl. Un mes antes, un retén policial en el barrio de Almagro había detenido una camioneta. ¿A bordo? 14 panes de cocaína y 130 dosis listas para su comercialización. ¿Total? 17 kilos.

Notable o patético –o ambas a la vez-, los funcionarios, jueces, fiscales, expertos y académicos consultados por LA NACION coinciden al identificar los fuelles del “acordeón”. Son las avenidas y autopistas que entran y salen de la ciudad, con el camino del Buen Ayre y, más aún, la autopista Presidente Perón como la gran “ruta de la droga” del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Un informe reservado de la Policía bonaerense desgrana esa autopista en cuatro tramos, según consta en la copia que obtuvo LA NACION. ¿Tramo 1? Ituzaingó, Merlo y La Matanza (Virrey del Pino, González Catán, Ciudad Evita y Laferrere). ¿Tramo 2? Ezeiza (Spegazzini, Tristán Suárez, Santa María y San Andrés). ¿Tramo 3? Cañuelas, San Vicente y Presidente Perón. ¿Tramo 4? Florencio Varela (Ingeniero Allan, Villa Brown, San Rudecindo, Barrio Pepsi, Pico de Oro y Santa Rosa) y Berazategui (Gutiérrez, El Pato y Hudson).

El triple crimen que dominó las noticias esta semana registró momentos clave en los tramos 1 y 4. Porque los sicarios de la banda que medra en la villa 1.11.14 del porteño Bajo Flores salieron de la ciudad, buscaron a las tres mujeres por una rotonda de La Tablada, en La Matanza, y completaron la tragedia en Villa Vatteone, en Varela. Pero el triple crimen distó de ser el primer episodio con características tan atroces.

En octubre de 2023, por ejemplo, Alberto Maycoll Guzmán Sánchez, peruano domiciliado en el barrio porteño de Barracas, apareció muerto, semidesnudo y atado de manos y pies con precintos y alambres, en un descampado de Merlo. Lo mataron a golpes. Venganza narco. Y al igual que en el triple crimen más reciente, el asesinato incluyó una fase previa en la villa 1.11.14 y negocios ilegales liderados por peruanos.

Dos años y dos meses antes, en agosto de 2021, Florencia Varela había registrado cuatro muertos en un solo choque entre bandas narco. Fue por el control de la zona que supo ser de “Los Paisa”. Y lo definieron en minutos y con más de 50 balazos, en el barrio San Rudecindo, a siete kilómetros de la casa donde ocurrió la masacre más reciente.

La “ruta de la droga”

“La autopista Presidente Perón es la clave para entender el narcotráfico en el AMBA, con sus nodos para el mercado ilegal, por las bajadas clandestinas que tiene a lo largo del recorrido, y porque en varios tramos no tiene luces, ni cámaras de vigilancia”, resume el alto funcionario del Ministerio de Seguridad bonaerense, que apuntó contra la Casa Rosada. ¿Por qué? Porque el presidente Javier Milei suspendió todos los proyectos de obra pública, incluida la necesario para concluir esta autovía, y tampoco cede a la provincia la responsabilidad para terminarla.

Desde el Ministerio de Seguridad que lidera Javier Alonso también se despachan contra los porteños. “Nos miran mal a nosotros, sí, pero ellos tienen el nivel delictivo más alto del país”, desafían, lo que es parcialmente cierto. La ciudad registra la tasa más alta de robos (2232) cada 100.000 habitantes, pero Santa Fe y Chaco lideran la tasa de homicidios en función de su población, según datos que compulsó el portal Chequeado en mayo.

El exfuncionario porteño de peso reparte críticas a los bonaerenses, aunque también mira en el espejo. “La ciudad es donde probablemente más cocaína se consume de todo el país; entre otros motivos, por el poder adquisitivo que tienen sus habitantes, en un contexto donde no hay una montaña o un mar que separe a la ciudad de la provincia: apenas una autopista”, planteó, en alusión a la General Paz. “Las bandas son interjurisdiccionales, con hermanos, primos y amigos que viven de uno y otro lado, mientras que CABA y provincia no coordinan políticas públicas, tareas de inteligencia criminal, ni operativos”, reconoció.

Los recelos y desconfianzas que imperan entre las huestes de Axel Kicillof y Jorge Macri no impiden, sin embargo, las investigaciones de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), que lidera el fiscal Diego Iglesias. Participa ahora en la investigación por el triple crimen, por ejemplo, como antes fue parte de la pesquisa que hace poco más de una semana generó allanamientos en la ciudad de Buenos Aires, La Plata, el Conurbano y las cárceles de Sierra Chica y Florencio Varela.

Entre las fuerzas, los recelos sólo ceden en casos excepcionales. Ocurrió esta semana, cuando efectivos de la Policía bonaerense irrumpieron en la villa 21-24 de Barracas, con efectivos de la Metropolitana como “acompañantes”, sin intervenir en los operativos. Pero la mayoría de las veces, una y otra fuerza actúan a espaldas (o casi) de la otra. ¿Ejemplo? En mayo de 2022, la Policía porteña secuestró más de 100 kilos en Lomas de Zamora, bajo las órdenes del juez federal Ariel Lijo.

Pero los cortocircuitos a nivel político y los recelos y las disputas por negocios entre las fuerzas son apenas tres de los factores que explican el avance narco en el AMBA, entre muchos otros. “La constante ausencia del Estado en sus distintos niveles permite que esta cultura de la destrucción y la muerte crezca y avance sin freno”, lamentó el obispo de San Justo, Eduardo García, al frente de la diócesis donde viven las familias de las tres mujeres asesinadas. “La falta reiterada de políticas públicas se convierte, en la práctica, en complicidad”.

Ese vacío comenzó a llenarlo el narco, alertó el equipo de sacerdotes desplegados en villas y barrios populares, como aquel donde vivían las tres mujeres asesinadas. “Empieza a tomar un lugar protagónico en la vida de nuestros barrios, con prestamistas, trata, soldaditos y muchas otras realidades”, desgranó. “Necesitamos un Estado presente, inteligente y efectivo”.