Con la reforma laboral, la Anses dejaría de recaudar unos US$ 2500 millones de fondos jubilatorios

La ambiciosa reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei y que comenzará a debatirse en el Senado la próxima semana podría impactar de lleno en la recaudación del sistema previsional. Especialistas consultados por LA NACION estiman que la Anses dejaría de recaudar alrededor de 2500 millones de dólares por año para financiar el nuevo régimen de indemnizaciones por despidos en el sector privado.

En el Gobierno sostienen que será compensado con recaudación. Las miradas más críticas indican que puede impactar en las futuras jubilaciones.

También afectará los mecanismos de recaudación de los sindicatos.

Si bien la Casa Rosada buscó atenuar el rechazo de la Confederación General del Trabajo (CGT) a la iniciativa oficial al excluir la prohibición del cobro de la “cuota solidaria”, que es la contribución que hace el empleado que no está afiliado al sindicato, el extenso proyecto que elaboró el Ejecutivo afecta en casi todos los frentes a las cajas millonarias que administran los gremios y las cámaras empresarias.

Con la reforma, los sindicatos verán afectada su recaudación por la reducción de un punto -del 6 a 5 por ciento- del aporte obligatorio que se les retiene mensualmente a los trabajadores registrados de sus salarios para financiar a las obras sociales.

Según el cálculo que hacen en los gremios, el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que administra la Superintendencia de Servicios de la Salud, perderá mensualmente unos 16.500 millones por esa reducción de las cargas patronales.

Los sindicatos consideran que la merma en la masa de fondos que se reparten las obras sociales será de 96.000 millones.

“Alguno puede decir que le va a sacar la caja al sindicalista, pero es mentira; eso va a desfinanciar a lo obra social y los servicios que tienen los afiliados”, subraya Sebastián Etchemendy, profesor de la Universidad Di Tella e investigador de Fundar.

Por el contrario, en la Casa Rosada afirman que el proyecto de reforma laboral “no afecta bajo ningún punto de vista las jubilaciones ni el sistema previsional”.

A su vez, funcionarios que trabajaron en la elaboración de la iniciativa niegan que “la baja de las contribuciones patronales” vaya a poner “en riesgo el sistema de salud”.

En la cúpula del Gobierno afirman que la merma se financiará con los ingresos del fisco generados por la reducción del gasto público.

El razonamiento es que la “motosierra” en el Estado permite un ahorro presupuestario mensual y, en paralelo, apuestan a un aumento de la recaudación por un eventual crecimiento de la economía. “A diferencia del kirchnerismo que aumentaba el gasto cuando había mayor recaudación, el gobierno nacional va a bajar impuestos cuando aumente la recaudación”, señalan en la administración nacional.

Sin embargo, en el gobierno de Milei evitan dar estimaciones respecto de cuál sería el costo fiscal del nuevo régimen de indemnizaciones.

Según datos del Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo (CETyD) de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), la transferencia del 3% de los aportes patronales para nutrir al Fondo de Asistencia Laboral “equivale a una reducción del 16% de la recaudación en concepto de contribuciones con destino al sistema previsional”. Y estiman que la medida tendrá un costo fiscal de 2.500 millones de dólares por año.

Una estimación similar proyecta Manuel Mera, director de protección social del Centro de Implementación de Políticas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), para quien la caída representa un 0.4 del PBI. Eso representa unos 2.532 millones de dólares en relación con el PBI del año pasado.

Además, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, impuso restricciones al cobro de los aportes solidarios, que se pactan en los convenios colectivos de trabajo, o de la cuota de afiliación [entre 1 y 3,5% del sueldo].

En este último caso, las empresas no podrán ser un agente de retención “sin el consentimiento explícito del trabajador”. Es decir, el empleador no estará obligado a retener ese aporte del recibo de sueldo, derivando el dinero directamente al sindicato, y solo podrá hacerlo en caso de que el empleado lo solicite o acepte de manera formal. Al hacer más burocrático el proceso, impactará en las finanzas sindicales según los especialistas en derecho laboral consultados por LA NACION.

Entre tanto, la denominada “cuota solidaria” se fija a través del convenio colectivo, con el acuerdo de las cámaras empresarias y el gremio. Luego, requiere la homologación de la Secretaría de Trabajo.

Uno de los puntos más discutidos de la reforma laboral de Milei es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), con el que el Gobierno apunta a “favorecer el pago de indemnizaciones por parte de los empleadores del sector privado”.

El FAL se sostendrá con el 3% de las remuneraciones que se toman como base de cálculo para las contribuciones patronales que van al SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino). Es decir, los empleadores dejarán de aportar ese 3% de contribuciones patronales al fisco. Y esos fondos serán administrados por entidades de bolsa que se encuentren habilitadas por la Comisión Nacional de Valores. Esas sociedades podrán invertir en el mercado de capitales ese dinero para mantener su valor.

Para Manuel Mera, director de protección social del Centro de Implementación de Políticas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), plantea que las modificaciones en la legislación laboral deben estar acompañadas por una reforma del sistema previsional.

“En la medida en que no haya un cambio en el sistema previsional que lo haga más eficiente y progresivo, el gasto no baja; por lo tanto, los menores fondos tendrán que ser cubiertos con otras fuentes; y eso genera ineficiencia”, remarca Mera.

“Estos tres puntos porcentuales representan algo así como 0,4 del PBI. Eso es un monto significativo y daría margen para repensar el sistema contributivo, cómo son las cargas sociales. Eso tiene que estar alineado con el gasto en las jubilaciones. Uno puede gastar menos y mejor”.

Según la visión de Etchemendy, resulta “muy irónico que, en un gobierno liberal, el Estado termine financiando los despidos”. “El FAL tiene dos problemas; por un lado, facilita mucho el despido, con lo cual le va a hacer mal al mercado de trabajo. Y, por otra parte, esencialmente los jubilados y los receptores de AUH están financiando a los empresarios que despiden”, puntualiza.

En el Gobierno de Milei rechazan esos cuestionamientos a la reforma. “La motosierra y el crecimiento permiten bajar los impuestos al trabajo a partir de los ahorros generados. Esto es fundamental para el objetivo del gobierno de aumentar el nivel de formalización”, señalan.

Matías Ghidini, especialista en el mercado laboral y gerente de Operaciones de Ghidini Rodil, considera que el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) ideado por el Gobierno no va a prosperar. “Si bien ese aporte no implica un costo extra para el empleador, estás contribuyendo para una provisión que nunca la vas a ejecutar, porque, a diferencia de cómo funciona en la Uocra, nadie va a despedir a todos tus empleados; estarías aportando un valor cuya ejecución nunca va a ser total”.