El objetivo es aprobarlo el 6 de agosto en el Senado, como un gesto hacia el radicalismo en el medio de la negociación por la suspensión de las PASO. Bullrich negoció cambios con los aliados y el proyecto no afectará solo las denuncias por violencia de género. Lo que dicen las estadísticas y las advertencias sobre la criminalización de las mujeres que denuncian.
El oficialismo y sus aliados decidieron avanzar definitivamente con la aprobación del proyecto que endurece las penas para las falsas denuncias en casos de violencia de género. Esta iniciativa, que es impulsada por Carolina Losada, viene siendo cuestionada por organizaciones feministas y de derechos humanos por criminalizar a las mujeres que denuncian situaciones de violencia. Las críticas llevaron a que Patricia Bullrich durmiese el tema por unos meses, pero volvió a la carga: la jefa del oficialismo está decidida a hacer buena letra con los aliados para poder suspender las PASO y anunció que convocará a una sesión el 6 de agosto para aprobar el proyecto.
El proyecto de Losada aumenta las penas de dos delitos que ya existen en el Código Penal: el de denuncia falsa (art. 245) y el de falso testimonio (art. 275). Y lo hace partiendo de la hipótesis, muy difundida en los grupos antifeministas, de que existe una emergencia de falsas denuncias por violencia de género que amerita un endurecimiento de las penas para convertirlos en no excarcelables. “Las denuncias falsas arruinan vidas. Utilizan recursos del Estado para su investigación y las penas existentes hoy son, prácticamente, inexistentes”, argumentó Losada, durante el debate en comisión del Senado.
El rechazo generalizado que despertó la iniciativa, sin embargo, la obligó a cambiar los planes. La versión original fue redactada por Andrea Guacci, la esposa de Diego Guacci, el entrenador de la Selección femenina de fútbol que, en 2021, fue denunciado por abuso y acoso sexual por cinco jugadoras. Proponía un aumento de las penas específicamente para las denuncias vinculadas a la violencia de género, abuso sexual y violencia contra las infancias, lo que despertó una oleada de advertencias de grupos de abogadas y de supervivientes que advertían que, de aprobarse, la iniciativa desincentivaría las denuncias por un tipo de delito que tiene un elevado subregistro.