EE.UU. camina hacia el autoritarismo competitivo y las próximas elecciones ya no serán normales

El miércoles pasado por la noche volvía de Nueva York en tren. Cuando llegué a Union Station, en Washington DC, tomé el subte para ir a casa. Al salir de mi estación, por las escaleras mecánicas subían delante de mí dos soldados de la Guardia Nacional. Les hice una foto y se la mandé a unos amigos: “Llevo cinco días fuera de la ciudad y ya se me había olvidado que estamos rodeados de militares en las calles”.

Ese es uno de los efectos que busca Donald Trump: que nos acostumbremos a la presencia militar en las calles, hasta el punto en que se conviertan en parte del paisaje.

A diferencia de los agentes federales del ICE, que sí ejecutan redadas y participan en operaciones violentas en su ofensiva para las deportaciones masivas, los soldados de la Guardia Nacional no suelen involucrarse en ese tipo de acciones. 

Al revés, suelen ir en grupos de dos o cuatro, bien armados , eso sí, y cuando te los cruzás te saludan amablemente y, en muchos casos, se los ve haciendo tareas de mantenimiento en la ciudad. 

Cualquiera diría que no tiene ningún sentido que estén ahí… Salvo que el sentido sea ese mismo: que estén, que resulten inofensivos, que se conviertan en parte del paisaje. Por lo que pueda pasar.

¿Y qué pasa? Autoritarismo competitivo

Lo que pueda pasar ya lo estamos viendo en EEUU.

Hace unos meses, Steven Levitsky, Lucan Way y Daniel Ziblatt, politólogos que estudian cómo se deterioran las democracias y que hace tiempo acuñaron el concepto “autoritarismo competitivo” para sistemas políticos surgidos tras la Guerra Fría en países del Centro y el Este de Europa, publicaban un artículo en The New York Times en el que reflexionaban sobre hasta qué punto EEUU estaba derivando en un sistema más parecido a un autoritarismo competitivo que a una democracia.

En su texto, explican que “la ofensiva autoritaria del gobierno tuvo un impacto evidente. Transformó el comportamiento de los estadounidenses, obligándolos a pensárselo dos veces antes de participar en lo que debería ser una oposición protegida constitucionalmente. En consecuencia, muchos políticos y organizaciones sociales que deberían supervisar y controlar al ejecutivo se están silenciando o relegando a un segundo plano”.

“Por ejemplo”, explican “el temor a represalias ha frenado las donaciones a demócratas y organizaciones cívicas progresistas, obligando a varias de ellas a reducir sus operaciones y despedir empleados. Tras los ataques de Trump contra importantes bufetes de abogados, los opositores al gobierno tienen dificultades para encontrar representación legal. La Universidad de Columbia cedió ante las exigencias extorsivas del gobierno de mayores restricciones a la libertad de expresión estudiantil. Como dijo Trump: ”Miren lo que estamos haciendo con las universidades, y todas se rinden y dicen: ‘Señor, muchas gracias’“.

“Hay señales preocupantes de autocensura en los medios”, añaden, “y los legisladores republicanos han abdicado de su papel como contrapesos del poder ejecutivo”.

“Los estadounidenses viven bajo un nuevo régimen”, zanjan, “la pregunta ahora es si permitiremos que se consolide. Hasta el momento, la respuesta de la sociedad estadounidense a esta ofensiva autoritaria ha sido decepcionante, incluso alarmante. Una gran mayoría de políticos, directores ejecutivos, socios de bufetes de abogados, editores de periódicos y rectores universitarios estadounidenses prefieren vivir en una democracia y desean poner fin a este abuso. Sin embargo, como individuos que se enfrentan a amenazas gubernamentales, tienen incentivos para congraciarse con la administración Trump en lugar de oponerse a ella”.

Y concluyen: “La deriva autoritaria de Estados Unidos es reversible. Pero nadie ha derrotado jamás a la autocracia desde la barrera”.

Una de las cosas que más me llaman la atención del día en EEUU, siguiendo tan de cerca a Donald Trump, es su capacidad para insultar de forma tan cotidiana al rival, para deshumanizarlo de esa manera tan implacable.

El mecanismo es semejante al de tener la Guardia Nacional en las calles de las ciudades demócratas: acostumbrar a la ciudadanía a convivir con militares. En este caso, se trata de hacer cotidiano el desprecio por el otro, quebrando todas las reglas de la educación y convivencia. Desde su trono, como si se tratara de un déspota no ilustrado, el monarca absolutista decide quién tiene derecho a ser ciudadano y quién no, y cada día decide que sus rivales son “lunáticos”, “locos”, “de bajo cociente intelectual”, “malas personas” que quieren “destruir el país”… 

Y, por supuesto, pide que los detengan y procesen a todos, incluidos los expresidentes Barack Obama y Joe Biden, cuyo retrato en el muro de la fama de la Casa Blanca ha sido sustituido por el de un boli automático.

Nuevas reglas y distritos electorales

Las elecciones legislativas de dentro de un año son cruciales para la agenda de Trump. Y también para la posibilidad de que los demócratas puedan disponer de elementos para frenarla o derrotarla.

Y lo saben tanto demócratas como republicanos, pero los republicanos son los que ahora tienen el Ejecutivo, el Legislativo y el Supremo.

Así, el presidente de EEUU ha dado la orden de redibujar el mapa de las circunscripciones de varios estados con el objetivo de arrebatar escaños de la Cámara de Representantes a los demócratas. Y no les está yendo tan mal: los republicanos han conseguido nueve nuevos distritos favorables en Texas, Misuri, Carolina del Norte y Ohio, hasta el momento.

Los demócratas, por su parte, han respondido con cinco distritos favorables más en California la semana pasada, más uno en Utah ganado en los tribunales, lo que deja el pulso hasta el momento en 9-6 a favor del Partido Republicano a 11 meses y medio de las elecciones.

En EEUU, esta práctica se conoce comúnmente como gerrymandering. El término fue acuñado después de una revisión de los límites de los distritos electorales de Massachusetts en 1812, llevada a cabo por el gobernador Elbridge Gerry, tras la cual uno de los distritos tenía forma de salamandra (gerrymandering: Gerry, por el apellido, y mandering, por salamander).

El movimiento tiene varios elementos. Por un lado, demuestra debilidad por parte de Trump: sabe que peligra la mayoría que tiene en la Cámara (220-215), en tanto que las elecciones tras las presidenciales suelen premiar a la oposición más que al partido del gobierno.

También demuestra que no sabe perder ni respetar las reglas del juego, y la semana pasada encajó una sonora derrota en Nueva York, Nueva Jersey y Virginia.

Trump ya demostró en noviembre de 2020, cuando alentó incluso el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, que no acepta los resultados electorales negativos, Y está haciendo lo posible para que no lleguen.

Pero no solo. El Supremo tiene en sus manos casos con graves consecuencias electorales favorables a los republicanos. 

La Voting Rights Act –Ley de Derecho al Voto–, que acababa con el autoritarismo político de los estados del sur de EEUU fue aprobada en 1965. Y, como recuerda el politólogo residente en Connecticut Roger Senserrich, Estados Unidos no ha cambiado desde esa época su Constitución, por lo que “el sistema legal que permitió, durante más de ochenta años, un brutal régimen racista y dictatorial en gran parte del país sigue en vigor sin cambios. Las leyes de derechos civiles son eso, leyes, no enmiendas constitucionales. Una mayoría indignada en el Congreso o una sentencia judicial cínica y torticera del Tribunal Supremo pueden desmantelar todas las protecciones contra el autoritarismo aprobadas entonces”.

Senserrich explica que el “Supremo lleva invalidando artículos de la Voting Rights Act desde hace más de una década. Fue el tribunal, sin ir más lejos, el que decidió que los estados del sur no tendrían que pedir autorización federal previa antes de aprobar leyes electorales para evitar discriminación; que la constitución no incluye un derecho a la representación política, permitiendo que un partido político pueda redibujar distritos para maximizar sus escaños sin temor alguno…”

Y, de aquí a unos meses, el Supremo celebrará la vista oral de Turtle Mountain contra Howe: “En este caso, el represente de Dakota del Norte alega que una serie de tribus indias no tienen derecho a recurrir un gerrymandering que discrimina a votantes nativos, porque la Voting Rights Act sólo autoriza al departamento de justicia del gobierno federal a presentar denuncias como estas. Si el Supremo le diera la razón (y es posible que eso suceda), la ley sólo sería efectiva de facto cuando hay un presidente demócrata en la Casa Blanca”.

Pero hay más, el Supremo también tiene que pronunciarse sobre otro caso sonado en EEUU, Louisiana contra Callais, “respondiendo a un gerrymandering que busca abiertamente minimizar la representación de los votantes afroamericanos dividiéndoles en múltiples distritos. Los mapas electorales de la época de la segregación, que hacían a minorías ”incómodas“ irrelevantes, serían de nuevo plenamente legales. Ese pasado no es lejano. Y las leyes que lo hicieron posible pueden volver. El umbral autoritario no está lejos”.

Por el camino, Trump quiere imponer más restricciones al voto, como limitar el voto por correo, acabar con la posibilidad del voto anticipado que facilita el sufragio en tanto que las jornadas electorales son en martes, y exigir mayores requisitos para ejercer el voto en la urna.

“La Casa Blanca está trabajando en una orden ejecutiva para fortalecer nuestras elecciones en este país y garantizar que no haya fraude flagrante, como el que hemos visto en California con su sistema de voto por correo universal”, afirmaba, sin prueba alguna de lo que decía, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, la semana pasada. 

Desde 2020, Trump y sus aliados han intentado sembrar dudas sobre el voto por correo, a pesar de su popularidad entre los votantes de ambos partidos. En Georgia, Texas, Florida y otros estados republicanos se han aprobado leyes que endurecen los plazos para la recepción de votos por correo, limitan los buzones de entrega e imponen nuevos requisitos de identificación o firma.

Nada más regresar al cargo, Trump firmó una orden ejecutiva que instruía a los estados a rechazar las papeletas enviadas por correo recibidas después del día de las elecciones, incluso si el matasellos era anterior a la fecha límite, bajo amenaza de ver revocada la financiación federal para las elecciones. La orden, cuya mayor parte ha sido bloqueada por los tribunales, también pretendía imponer el requisito de presentar un documento que acreditara la ciudadanía estadounidense para poder registrarse para votar.

La jueza federal de distrito Colleen Kollar-Kotelly, en Washington D.C., falló hace dos semanas sobre el decreto que la prueba de ciudadanía viola la separación constitucional de poderes. “Dado que nuestra Constitución asigna la responsabilidad de la regulación electoral a los Estados y al Congreso, este Tribunal sostiene que el presidente carece de autoridad para ordenar tales cambios”, escribió Kollar-Kotelly en su dictamen. Además, subrayó que en asuntos relacionados con la fijación de requisitos para votar y la regulación de los procedimientos electorales federales, “la Constitución no asigna ningún papel directo al presidente en ninguno de estos ámbitos”.

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