Organizaciones de derechos humanos, entidades de salud y sindicatos llevan este ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el impacto del ajuste fiscal sobre el sistema sanitario y los retrocesos de la Ley 27.802.
El Gobierno deberá dar explicaciones esta semana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por dos frentes de la gestión de Javier Milei: el ajuste sobre el sistema de salud y la reforma laboral regresiva. Las audiencias, solicitadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto con otras organizaciones, se realizan este lunes y martes en Washington, en el marco del 196° Período de Sesiones Ordinarias de la CIDH, que se extiende del 3 al 7 de agosto.
La primera audiencia, sobre el derecho a la salud, tiene lugar este lunes a las 17 (hora de Buenos Aires). Fue solicitada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el CELS, la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP), la Fundación Huésped, la Fundación Soberanía Sanitaria y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI). Ante la Comisión las consecuencias del ajuste fiscal sobre el sistema sanitario, las organizaciones plantean el desfinanciamiento extremo del Programa Remediar, el resurgimiento de enfermedades por la eliminación o la falta de control de las vacunas, la reducción de coberturas en medicamentos, pensiones y tratamientos que afecta a personas con discapacidad y a quienes viven con infecciones de transmisión sexual, y las preocupaciones que genera el proyecto regresivo de reforma de la Ley de Salud Mental.
La segunda audiencia, este martes a las 15, pone la lupa sobre la reforma laboral sancionada en febrero de este año, en medio de movilizaciones masivas que fueron reprimidas. La solicitaron en conjunto el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y el CELS, con el respaldo de una amplia diversidad de organizaciones gremiales. Según el pedido de audiencia, la Ley 27.802 “desplaza al Estado de su rol como árbitro entre el capital y el trabajo, en perjuicio de la parte más débil de la relación laboral, y en beneficio de la más fuerte”, desprotege ante despidos injustificados, recortes salariales y aumentos arbitrarios de horas, y restringe “arbitrariamente la huelga y la libertad sindical”.
Las organizaciones también señalan que la reforma tiene un impacto mayor sobre las mujeres, porque profundiza las brechas de género y deroga normas históricas de protección para las trabajadoras, y que perpetúa la informalidad y la precarización laboral en lugar de reducirlas —por ejemplo, al excluir del régimen de contrato de trabajo a quienes trabajan para plataformas digitales—. El texto presentado ante la CIDH sostiene además que la ley “desmantela el sistema administrativo de control y represión de las conductas antisindicales de las empresas, así como de sus incumplimientos laborales y fiscales”, y resume el diagnóstico de fondo: “El proceso de reformas encarado por el Gobierno combina el shock con la represión”.
Dentro de esa misma audiencia, SiPreBA plantea además un reclamo específico: el intento del Gobierno de derogar el Estatuto del Periodista Profesional, vigente hasta el 1° de enero de 2027. “La decisión del gobierno de derogar el Estatuto del Periodista, junto con otros estatutos profesionales, es parte de una política sistemática que busca desplazar al Estado de su rol como árbitro entre el capital y el trabajo”, señala el secretario adjunto del gremio, Francisco Rabini, quien representa a las y los periodistas argentinos ante la Comisión. Es la segunda denuncia que SiPreBA presenta ante la CIDH: en noviembre pasado ya había denunciado el “ataque recurrente contra periodistas y trabajadores de prensa” desde diciembre de 2023, y había puesto como ejemplo el caso del fotoperiodista Pablo Grillo, gravemente herido durante una manifestación en marzo de 2025.
En la audiencia por la reforma laboral expondrán los secretarios generales Pablo Biró (APLA), Rodolfo Aguiar (ATE) y Clara Chevalier (Conadu); integrantes del FreSU; representantes de la Asociación de Abogados Laboralistas, Mariana Amartino y Matías Cremonte; y de la Asociación Nacional de Jueces del Trabajo (ANJUT), presidida por Juan Orsini.
Un representante del Gobierno deberá presentarse a dar explicaciones ante la Comisión. Las dos audiencias de esta semana forman parte de una misma estrategia de organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos para llevar a instancias internacionales el seguimiento de las políticas de ajuste y desregulación del gobierno de Milei, en momentos en que tanto los recortes en salud como la reforma laboral profundizan la tensión entre el Ejecutivo, los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil.