El dilema de la motosierra: la política social de Milei ante una nueva crisis

Uno de los supuestos más repetidos en torno al ajuste de Milei es que la combinación de una inflación más baja y una política social más eficiente lograron contener la conflictividad en la calle. El relato asegura que, a diferencia de experiencias anteriores, el orden fiscal se consolidó sin un estallido social gracias a una política social que logró focalizarse en los más vulnerables desarmando los “curros” de la intermediación política y eliminando a los “gerentes de la pobreza”. La baja de la inflación se suma a este diagnóstico, dado que expresaría la mejora de los ingresos de los más pobres. 

A contramano de ese discurso, el resultado de la elección en la Provincia de Buenos Aires ayuda a confirmar algo que el seguimiento de los datos presupuestarios y el análisis de la política social nos anticipaba. Sin menospreciar los efectos de la desinflación, lo que se presentó como una política social eficiente y efectiva de contención en el marco de una estabilización exitosa es en realidad, un proceso de vaciamiento paulatino de los ingresos que golpeó con mayor fuerza a los sectores más vulnerables. ¿Qué pasará ahora que el fracaso de la estrategia cambiaria nos enfrenta nuevamente a la posibilidad de un nuevo ajuste?

La estrategia comunicacional del Gobierno (y también del FMI) pone, de manera insistente, en primera plana a la Asignación Universal por Hijo (AUH). Se la presenta como la columna vertebral de una estrategia exitosa. En realidad, como venimos señalando, este programa representaba a comienzos del gobierno apenas el 8% del total de los gastos en previsión social (excluyendo el gasto en jubilaciones y pensiones contributivas) y pasó a representar el 20% en 2025. Esto explica no solo por el aumento de este programa, sino también por la licuación de los restantes. En términos generales el gasto social se contrajo 15% en términos reales en 2024 y 4% en 2025.

En paralelo a la actualización de la AUH, el Gobierno desplegó un silencioso desfinanciamiento de los restantes programas sociales. El congelamiento del bono a la jubilación mínima, la caída real del PROGRESAR y la PUAM, la desarticulación de programas como el REPRO o el Potenciar Trabajo, el desfinanciamiento de programas hacia personas discapacitadas y otros sectores vulnerables son algunos ejemplos. El verdadero dispositivo de ajuste no fue la eficiencia, sino destrucción de programas, eliminación de áreas, desterritorialización y la licuación de beneficios. 

El ajuste se desplegó en etapas sucesivas. La primera, a comienzos de 2024, fue la más dura: un shock con fuerte licuación de programas e ingresos familiares producto de la devaluación y la aceleración inflacionaria, que fue parcialmente compensado por la duplicación de la AUH. En el segundo semestre de ese año, la recomposición gradual de los ingresos laborales generó una sensación de alivio que acompañó al sostenimiento del proceso de desarticulación y licuación de programas. Sin embargo, el repunte fue transitorio. En 2025, los efectos negativos comenzaron a acumularse: los ingresos reales volvieron a caer, los beneficios de la desinflación se diluyeron por la rigidez del ancla fiscal y salarial, y la economía entró en un estancamiento que frenó la recuperación del empleo. En ese contexto más adverso para los hogares, la erosión de la política social se volvió mucho más evidente.

Para ilustrar situaciones como esta, podemos utilizar la metáfora de la rana hervida, conocida entre economistas. La historia cuenta que, si se arroja una rana en agua hirviendo, esta saltará de inmediato para intentar escapar. Si, por el contrario, se la sumerge en agua fría y se eleva lentamente la temperatura, permanecerá inmóvil hasta que sea demasiado tarde. El ajuste social del Gobierno pareciera operar de este modo. El aumento inicial de la AUH (junto a la eliminación de contraprestaciones de otros programas sociales como el Potenciar Trabajo) y la mejora del mercado de trabajo en el segundo semestre de 2024 permitieron compensar parcialmente la desarticulación de la política social. Cuando la economía se recupera y los ingresos mejora, la ausencia de la política social es menos notoria. La realidad de 2025, con caída salarial, estancamiento de la actividad (que impacta fuerte en los informales) se suman a la política social ausente. 

En síntesis, en contraposición al pensamiento convencional sobre las bondades del ajuste fiscal, la AUH y los efectos distributivos de la desinflación, creemos que la desfinanciación de la política social, junto a un esquema económico con malos resultados de ingresos desde hace más de seis meses, impactaron de lleno en las condiciones de vida de los sectores más humildes. Estas circunstancias, entre otros, se reflejaron en el voto de la Provincia de Buenos Aires. Lo que parecía una virtud de la estrategia —ajustar sin protestas— se transformó en una sorpresa política.

El error es, en definitiva, confundir la lenta y dolorosa de desarticulación de la política social que continúa licuando beneficios con una estrategia sólida y eficaz capaz de contener la conflictividad. El ajuste silencioso funcionó porque tuvo componentes graduales y parcialmente compensado por mejoras transitorias que momentáneamente lograron disimular sus efectos.

Hacia adelante, la pregunta central es si el Gobierno sostendrá su estrategia en un contexto cada vez más amenazante. La tensión cambiaria y la crisis financiera agregan al proceso económico un factor de riesgo adicional. Frente a un nuevo shock cambiario, lo que antes fue una agonía lenta, desde un piso de protección elevado y administrada bajo la forma de la licuación, corre el riesgo de transformarse en un impacto directo sobre las condiciones de vida de amplios sectores de la población. 

Ante un nuevo episodio de inestabilidad, sin un piso de contención social y con un resultado electoral adverso, la conflictividad podría desencadenarse. Lo que se presentaba como una virtud —ajustar sin conflicto— corre el riesgo de convertirse en un error muy costoso. El Gobierno llega a esta nueva crisis sin amortiguadores de política social: ¿tendrá los reflejos para restituirlos o será preso de creer su propio relato?

Los autores son directores de C-P Consultora

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