En el debate del Presupuesto 2026 en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados -presidida por el libertario Alberto Benegas Lynch-, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, expusieron los lineamientos del área y defendieron la gestión del Gobierno en materia educativa. Ambos volvieron a justificar la decisión de no aplicar la ley de financiamiento universitario, insistida por el Congreso tras el veto de Javier Milei, bajo el argumento de que los legisladores no definieron cómo se financiará.

“No podemos cumplir cosas de imposible cumplimiento”, advirtió Álvarez, quien ironizó: “Sería divertidísimo. Había un partido de izquierda que decía que todos cobremos dos millones de pesos. Este gobierno tiene un grado de responsabilidad que no tuvieron los anteriores, con la no emisión”. Según detalló, el presupuesto para 2026 será de $4,8 billones, un aumento del 14% respecto del ejecutado este año, y el incremento salarial “se financiará con el aumento de la actividad económica”.

El funcionario también aseguró que “no se cerró ninguna universidad ni hay éxodo docente” y que se aprobaron “el 100% de las demandas para completar cargos no docentes”. Además, anticipó una “postura muy fuerte para evitar persecución política en los claustros”: “Sean amigos de la izquierda, del peronismo o del radicalismo, si una autoridad ejerce presión sobre estudiantes, nosotros vamos a resolver el problema”, advirtió.

Álvarez explicó que su gestión avanza en la reorganización del Sistema de Información Universitaria (SIU) para unificar estadísticas de alumnos y orientar la asignación presupuestaria hacia “indicadores objetivos verificables”. Aseguró que “todas las universidades recibieron financiamiento al 100% para las actividades que venían desarrollando y refuerzos especiales para el área de salud”.

“El Estado fue engordado”

Por su parte, Torrendell apuntó contra las gestiones anteriores: “Mientras se desarrollaba una fuerte retórica del Estado presente, el Estado fue engordado pero vaciado de capacidades profesionales y tomado por grupos corporativos ideológicos que no representan el sentido popular”. En contraste, definió la política educativa actual como “una visión articulada al servicio de las personas y de la sociedad”.

El secretario recordó declaraciones de Cristina Kirchner en 2012, cuando la expresidenta había cuestionado la carga laboral de los docentes: “Muestra el desconocimiento del trabajo de los docentes. Este gobierno jamás tuvo palabras semejantes; al contrario, articuló políticas de cooperación para que los chicos aprendan”. Y concluyó: “El único ajuste de la educación fue el anterior, cuando se colocaban recursos en el presupuesto educativo que no llegaban al sistema ni a los estudiantes”.

Desde la oposición, el diputado Leandro Santoro (Unión por la Patria) cuestionó el argumento oficial sobre la falta de financiamiento: “Cómo financiaron el gasto de la SIDE, lo hicieron con una resolución. Hace tres años que no hay presupuesto y el jefe de Gabinete se la pasó transfiriendo partidas y reasignando fondos. Es mentira que las universidades están contentas”, replicó.

A su turno, Rodrigo de Loredo (UCR) reclamó avanzar con la ley de esencialidad educativa, impulsada por el radicalismo junto con Pro y la Coalición Cívica. “Espero que con la nueva conformación legislativa se promueva esa media sanción en el Senado”, señaló. Y añadió: “En un debate tan desgastante, compartimos muchas de las falencias que se plantearon, pero el problema es cuáles son las líneas de acción para controlar, para financiar investigaciones orientadas a los lineamientos estratégicos del país y para estimular carreras de ingeniería”.