La tarde en la Plaza de Castilla, Madrid, se presentaba llena de expectación, pero concluyó en desconcierto. Ni Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, ni su asesora Cristina Álvarez, ni el delegado del Gobierno, Francisco Martín, se presentaron a su cita con el juez Juan Carlos Peinado. El amplio despliegue policial y las medidas de seguridad, preparadas para una jornada judicial intensa, se redujeron a la espera de los abogados, mientras que el cordón de antidisturbios se marchó al darse cuenta de que las principales investigadas no harían acto de presencia. La defensa de Gómez justificó esta falta con una circular de la Fiscalía General del Estado del año 1995, que establece que para este tipo de trámites no es imprescindible que el imputado esté presente si cuenta con la representación de su letrado. Así, la comparecencia quedó limitada a especificar los términos de la imputación y debatir sobre la posible formación de un jurado popular para juzgar el presunto delito de malversación. El papel de la UCO y los correos bajo investigación El juez Peinado, lejos de dejarse intimidar por la incomparecencia, ha optado por acelerar la instrucción y centrar su atención en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Este análisis será clave para determinar el futuro judicial de Begoña Gómez. La UCO tiene el encargo de revisar todos los correos electrónicos enviados y recibidos por Gómez desde 2018, buscando posibles indicios de desvío de fondos públicos y gestiones irregulares relacionadas con la cátedra que dirigía en la Universidad Complutense de Madrid. Uno de los puntos más polémicos son los 121 correos electrónicos intercambiados por Cristina Álvarez, donde se incluyen gestiones con empresas como Reale Seguros para financiar dicha cátedra universitaria. Tanto la defensa como la Fiscalía argumentan que estos correos no constituyen…
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