Pedro Sánchez ha decidido implementar una herramienta llamada Hodio, comúnmente conocida como odiómetro, para medir el odio en las plataformas digitales. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ya desestimó una propuesta similar en 2018. En aquel momento, la corte invalidó la recolección de opiniones políticas en internet, argumentando que ello quebranta derechos fundamentales. Solo la Policía tiene la potestad de gestionar datos personales si se ha cometido un delito; por lo tanto, el Gobierno carece de justificación legal para espiar tweets o publicaciones que no constituyan un crimen. Este odiómetro está bajo la dirección de un alto funcionario del PSOE y parece tener como objetivo silenciar a quienes critican al Gobierno. Mientras Sánchez clama por «más amor y menos odio», se apresura a dejar sin penalización ataques a creencias religiosas. La herramienta mide la Huella de Odio y Polarización y publica sus hallazgos, al igual que ocurre en Venezuela, donde la Ley contra el Odio de Maduro impone penas de hasta 20 años de prisión por incitar al odio y obliga a las plataformas a eliminar contenido en un plazo de seis horas o enfrentar el bloqueo. Sánchez se inventa el ‘Hodiómetro’ junto a su mascota Santaolalla para que no hablemos de Begoña https://t.co/lV4KyU3oL7 — Alfonso Rojo López (@AlfonsoRojoPD) March 12, 2026 El precedente del Constitucional En 2018, durante la discusión sobre la Ley de Protección de Datos, varios colectivos se dirigieron al Defensor del Pueblo, quien llevó el asunto ante el Tribunal Constitucional, que resolvió anular el precepto en un plazo de dos meses. La sentencia es contundente: No se pueden recopilar datos que revelen ideologías o opiniones políticas en redes. Se infringen libertades y derechos fundamentales. Solo se deben perseguir delitos, no monitorizar disidencias. Los partidos PP y Vox deberían impugnar ya esta aberración totalitaria. El Gobierno actúa como…
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