Un congresista estadounidense volvió a poner sobre la mesa un debate: el acceso de trabajadores extranjeros altamente calificados al mercado laboral. La reintroducción de la High-Skilled Immigration Reform for Employment Act, conocida como HIRE Act, abrió un nuevo capítulo en esa discusión.

Una propuesta de ley que busca ampliar el acceso a la visa H-1B

La iniciativa, presentada por el demócrata Raja Krishnamoorthi, surgió con la promesa de transformar el sistema de visas H-1B y, al mismo tiempo, invertir en la formación científica y tecnológica de estudiantes estadounidenses.

El comunicado de prensa del congresista explica que la HIRE Act se diseñó para impulsar la competitividad económica de Estados Unidos mediante un enfoque doble: atraer más talento calificado del extranjero y reforzar la formación interna en ciencia y tecnología.

La pieza central del proyecto consiste en ampliar de forma considerable el límite anual de visas H-1B, un permiso clave para compañías que dependen de perfiles técnicos especializados.

La legislación presentada ante la Cámara de Representantes propone modificar la Ley de Inmigración y Nacionalidad para aumentar de 65.000 a 130 mil el cupo anual de visas H-1B, una cifra que duplica la disponibilidad actual.

Según el comunicado, esta apertura permitiría que las empresas, en especial aquellas que operan en sectores sensibles e innovadores, cuenten con más margen para contratar especialistas en áreas donde abundan las vacantes sin cubrir.

El propio Krishnamoorthi sostuvo que Estados Unidos “debe mantenerse a la cabeza de la innovación” y para ello necesita tanto fortalecer su fuerza laboral interna como mantener las puertas abiertas al talento global.

La propuesta también elimina una restricción incluida actualmente en la ley, que establece un límite para ciertos profesionales exentos del tope anual, lo que ampliaría aún más la flexibilidad del programa de visas.

Cambios en la definición de empleadores dependientes de H-1B

Además de duplicar el cupo de visas, el proyecto aborda la regulación de los llamados “empleadores dependientes de H-1B”, una categoría que impone requisitos adicionales a ciertas firmas para contratar profesionales bajo este programa.

El texto legislativo introduce modificaciones en los umbrales que definen a esas empresas, con incrementos que reflejan el objetivo de adaptarse a estructuras empresariales más grandes y diversas.

A través de estas modificaciones, el proyecto redefine los límites de cantidad de empleados y de trabajadores H-1B que determinan si una compañía califica como dependiente.

Esto implica que algunas firmas que antes entraban en esta categoría más estricta quedarían ahora fuera de ella, lo que aliviaría cargas administrativas y permitiría procesos de contratación más ágiles.

La intención, según el respaldo manifestado por organizaciones del sector tecnológico, apunta a ofrecer un sistema más justo, transparente y adecuado a las necesidades reales de las compañías.

Un programa para fortalecer la educación STEM en todo Estados Unidos

Uno de los elementos centrales del proyecto es la creación del “Promoting American Ingenuity Grant Program”, un programa federal de subvenciones destinado a impulsar la educación en ciencia, ingeniería, matemáticas y tecnología en las escuelas primarias y secundarias.

Esta sección de la iniciativa, detallada en el texto legislativo, recoge el objetivo de cerrar la brecha de habilidades que afecta al desarrollo económico del país norteamericano.

El proyecto autoriza al Departamento de Educación a entregar fondos competitivos a los estados con tres metas principales:

• Fortalecer programas educativos en materias científicas y tecnológicas dentro de escuelas primarias y secundarias.
• Retener docentes especializados en estas áreas, un desafío constante para muchos distritos escolares.
• Apoyar a instituciones de educación superior en la formación de estudiantes que cursen carreras vinculadas con STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

La HIRE Act establece una autorización presupuestaria de US$25 millones anuales entre 2026 y 2030, destinados exclusivamente a este programa.

Cada estado interesado deberá presentar una solicitud formal ante el Departamento de Educación, con información que permita evaluar la necesidad y el impacto potencial de los fondos.