
El murmullo se ha hecho eco en los pasillos, portales y reuniones familiares: todas aquellas familias que cuenten con una empleada del hogar deben, desde este viernes, tener un plan de prevención de riesgos laborales debidamente documentado. Este anuncio no solo implica un cambio normativo, sino que también ejerce presión sobre un colectivo que enfrenta su etapa más complicada en más de diez años. La nueva normativa entra en vigor de inmediato y deja al margen a quienes no se adapten, exponiéndolos a sanciones económicas y a la pérdida de cobertura ante cualquier accidente laboral. Una revolución legal en los hogares Desde el 14 de noviembre de 2025, el Real Decreto 893/2024 comenzará a aplicarse y obligará a todos los hogares con empleadas domésticas —ya sean contratadas por horas, a jornada parcial o completa, internas o externas— a llevar a cabo y conservar una evaluación formal de riesgos laborales. La finalidad es clara: asegurar condiciones de trabajo seguras y dignas, equiparando así los derechos de estas trabajadoras con los del resto del personal en materia de seguridad y salud laboral. Esta regulación impacta a cientos de miles de hogares en España, que hasta ahora solo tenían que cumplir requisitos contractuales básicos. Ahora, además, deberán identificar los riesgos asociados a las tareas (limpieza, cocina, planchado, manipulación de productos químicos, cuidado de personas, entre otros), establecer medidas preventivas, informar y formar a la empleada sobre estos aspectos y proporcionar equipos de protección individual si fuera necesario. Cómo cumplir la ley (y no morir en el intento) El proceso puede parecer complicado, pero el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) ha lanzado una herramienta gratuita llamada «Evalúa-t Hogar». Desde mayo está disponible para guiar a los empleadores paso a paso en el cumplimiento legal. Solo hay que acceder a…
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