Hay demasiados indicios que llevan a los mal pensados a sospechar que Pedro Sánchez Pérez-Castejón tiene urdido un plan para perpetuarse en el poder “hasta 2027 o más allá”, como ha declarado en alguna ocasión. Estos suspicaces, que argumentan que Sánchez no tiene escrúpulos, como lo demuestra el hecho probado de que llegó por dos veces a la secretaria general del PSOE tras procesos de primarias que sus más estrechos colaboradores han calificado de “pucherazos”, señalan como hechos indiciados que: — Entre 2019 y 2024, un millón de extranjeros haya adquirido la nacionalidad española, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), a los que hay que sumar los más de 400.000 que accedieron hasta 2025 (ley 20/2022) a través de la Ley de Memoria Democrática. Todos tendrán derecho a voto. — Entre enero y finales de 2026 se regularizarán 840.000 residentes ilegales en España, en un proceso extraordinario previsto por el Gobierno con aprobación previa del Parlamento, y que, según los expertos y la policía, el efecto llamada podrá elevarlo a más de un millón. Esta medida no concede la residencia permanente, la ciudadanía ni el derecho de voto (excepto en los comicios municipales, pero en condiciones muy exigentes). –. Que la Junta Electoral Central (JEC) ha dado por bueno el nuevo sistema propuesto por el ministerio del Interior para validar la identidad del votante ante la urna, consistente en enseñar la identidad en el teléfono móvil, sin exigir la lectura de un código QR dinámico mediante la aplicación miDGT, por la sencilla razón de que ni presidentes de mesa, ni vocales, ni apoderados, ni interventores disponen de dispositivos para verificar ese QR. Según ha demostrado el diario El Debate, “resulta fácil suplantar la identidad simulando miDGT. Basta con recrear visualmente la imagen (interfaz) de la aplicación –algo técnicamente trivial-…
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