El MundoLa agrupación mayoritaria del Instituto Armado ve motivos «claramente políticos» en la decisión
La agrupación mayoritaria de la Guardia Civil, Jucil, ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo por el traspaso de funciones y servicios en materia de tráfico de la Administración del Estado a Navarra. El colectivo pide al Alto Tribunal una suspensión cautelar de la norma que lo acordó.
El Gobierno navarro y el Ejecutivo de Pedro Sánchez formalizaron el pasado marzo el traspaso de las competencias de tráfico a la comunidad foral, si bien no se hará efectivo hasta el 1 de julio.
Jucil entiende, tal como explica a través de un comunicado remitido a los medios de comunicación, que para hacer efectiva la transferencia «habría que modificar de forma previa el estatuto de autonomía de Navarra».
En esta línea, recuerda que el traspaso afecta a 220 guardias civiles que componen la Agrupación de Tráfico en la autonomía navarra, ya que las tareas de control de la circulación rodada pasan a la Policía Foral, recordando que ahora deberán ser «reubicados en otros servicios en el territorio navarra o desplazarse a otras comunidades».
«La precipitación con la que se ha querido llevar a cabo la transferencia, por motivos claramente políticos, era incompatible con los tiempos y trámites parlamentarios necesarios, por lo que se ha optado por utilizar una fórmula que está prevista para la materialización del traspaso de competencias que ya han sido previamente asumidas, lo que no es el caso», ha resaltado Agustín Leal, secretario de Comunicación de Jucil.
Hasta que el Alto Tribunal decida sobre el recurso de nulidad, la agrupación mayoritaria del Instituto Armado ha reclamado que se proceda a la suspensión cautelar de la aplicación «a la vista de los graves e irreparables perjuicios» tanto para los guardias civiles afectados como a sus familias, así como para la Administración estatal y autonómica.
