A un mes del megaoperativo desplegado en 15 barrios populares porteños, aún persisten las consecuencias de una intervención que puso en el centro la disputa por quién tiene derecho a habitar la Ciudad. En esta crónica, vecinas, trabajadoras comunitarias y referentas barriales cuentan las huellas que dejaron los allanamientos y las clausuras.
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Son las ocho de la noche del 14 de mayo. En Villa Fátima, al sur de la Ciudad de Buenos Aires, una treintena de efectivos de la Policía de la Ciudad irrumpen por uno de los accesos al barrio. En La Carbonilla, en La Paternal, una topadora avanza escoltada por uniformados y móviles. En la 21-24, los agentes recorren los pasillos exigiendo documentos, requisando motos y fotografiando comedores comunitarios. Escenas idénticas se multiplican en simultáneo en Zavaleta, la 31, Ciudad Oculta, Los Piletones, Rodrigo Bueno, Fraga, Barrio Mitre, Ramón Carrillo y Cildañez. Durante tres horas, más de 1.500 efectivos, drones, helicópteros y topadoras desembarcan sobre algunos de los barrios más poblados de la Ciudad. En apenas el 2% de la superficie porteña vive el 6,3% de la población.
El Gobierno porteño busca construir una postal donde aparece la topadora como trofeo de gestión. Una topadora que hoy aparece en las calles de la Ciudad en carteles gigantes pegados en las paredes. Pero en esa postal no aparecen las trabajadoras que salen de madrugada, las infancias que juegan en los pasillos ni las redes que sostienen la vida cotidiana. Tampoco las demandas históricas de urbanización, infraestructura y servicios básicos. Lo que se exhibe es una ciudad partida entre quienes merecen ser protegidos y quienes deben ser controlados.