
Al igual que ocurre con el término “narco-Estado”, un “timo-Estado” describe a países donde una industria ilícita echó raíces en las instituciones y transformó por completo la economía.
Durante los días previos a las explosiones, el complejo empresarial se fue vaciando. Las bombas derribaron bloques de oficinas vacíos y demolieron comedores con cocinas de diferentes países donde todavía resonaba el eco de su actividad pasada. La dinamita derribó un hospital de cuatro plantas, silenciosos complejos de karaoke, gimnasios desiertos y dormitorios.
Así llegó el fin del KK Park, uno de los “centros de estafas” más tristemente célebres del sudeste asiático, según declararon los comunicados de prensa de la junta militar de Myanmar. Las instalaciones albergaron a decenas de miles de personas obligadas a estafar sin descanso a gente de todo el mundo. Ahora, el complejo era demolido pieza a pieza.
Los operadores del parque hacía tiempo que se habían marchado. Todo parece indicar que los habían alertado de una inminente redada y ya habían trasladado sus negocios ilícitos a otro lugar. Más de 1.000 trabajadores habían logrado huir a través de la frontera y otros 2.000 habían sido detenidos. Pero hasta 20.000 trabajadores, probablemente víctimas de trata y maltrato, habían desaparecido. Los centros de estafa como KK Park siguieron prosperando lejos de la mirada de la Junta.

La industria mundial de las estafas, que mueve miles de millones de dóalres, se volvió tan monolítica que los expertos afirman que estamos entrando en la era de los “timo-Estado”. Al igual que ocurre con el “narco-Estado”, la expresión se aplica a países donde esta industria ilícita extendió sus tentáculos por las instituciones legítimas, remodelando la economía, corrompiendo a los gobiernos y generando una dependencia estructural del Estado respecto a las redes ilegales.
Las redadas en el KK Park fueron las últimas de una serie de medidas represivas ampliamente difundidas contra los centros de estafas en el sudeste asiático. Sin embargo, y a pesar de los comunicados oficiales, los expertos en la región afirman que se trata en gran medida de medidas simbólicas o dirigidas a actores secundarios. Según los analistas, se trata de un “teatro político” por parte de funcionarios que están sometidos a la presión internacional para que tomen medidas enérgicas contra estas industrias del fraude, pero que tienen poco interés en eliminar un sector tremendamente rentable.
“Es como jugar a darle al topo con el mazo […] solo que aquí no quieren golpear al topo”
“Es como jugar a darle al topo con el mazo, ese juego de las ferias en el que los topos aparecen y desaparecen sin parar y los tienes que aporrear… solo que aquí no quieren golpear al topo”, afirmó Jacob Sims, investigador visitante del Centro Asiático de la Universidad de Harvard y experto en delitos transnacionales y cibernéticos en la región del río Mekong. Las estafas pasaron de ser “pequeñas redes de fraude por Internet a una economía política operada a escala industrial en los últimos cinco años, según Sims.
El experto afirmó que “en términos de PIB bruto, es el motor económico dominante de toda la subregión del Mekong”. “Y eso significa que es uno de los motores políticos dominantes, si no el que más”, concluyó.
Los portavoces de los gobiernos de Myanmar, Camboya y Laos no respondieron a las preguntas de The Guardian, pero el ejército de Myanmar sí señaló en anteriores ocasiones que está “trabajando para erradicar desde la raíz y por completo las actividades fraudulentas”. El Gobierno camboyano también calificó de “infundadas” e “irresponsables” las acusaciones de que es la sede de una de “las redes de ciberdelincuencia más grandes del mundo, respaldada por los poderosos”.
En menos de una década, esta industria pasó de los correos electrónicos plagados de faltas de ortografía y de adinerados e inverosímiles príncipes nigerianos a convertirse en un sistema vasto y sofisticado que extorsiona decenas de miles de millones de dólares a víctimas de todo el mundo.
En su núcleo se encuentran las estafas de “pig-butchering” (estafa del cebo y engorde del cerdo o shazhupan, en mandarín); un timo en el que los delincuentes se trabajan la confianza de la víctima durante semanas o meses antes de convencerla para que les mande dinero, a menudo bajo el engaño de una “inversión” en criptomonedas. Los estafadores se aprovechan de la creciente sofisticación de la tecnología para engañar a sus víctimas: utilizan la inteligencia artificial generativa para traducir y dirigir conversaciones, la tecnología deepfake para realizar videollamadas y sitios web que calcan a las bolsas de inversión reales. Según se desprende de una encuesta, las víctimas de la estafa perdieron, de media, unos 134.000 euros. La mayoría declaró haber perdido más de la mitad de su patrimonio neto.
Esos enormes beneficios potenciales impulsaron la industrialización del sector de las estafas en Internet. Las estimaciones del tamaño global de este sector oscilan ahora entre 60.000 millones y cientos de miles de millones de dólares, unas dimensiones que lo situaría a la par con el tráfico internacional de drogas. Los centros suelen estar dirigidos por redes criminales transnacionales, a menudo originarias de China, pero su punto de partida es el sudeste asiático.
Las operaciones de estafa cibernética en los países del Mekong generaban a finales de 2024 unos 38.000 millones de euros anuales, lo que equivale a aproximadamente el 40% de la economía formal en su conjunto. Se trata de una estimación a la baja y que continúa aumentando. “Se trata de un sector que crece de forma masiva” confirmó Jason Tower, de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional. “Este mercado ilícito no empezó a tomar forma global hasta 2021 y ahora estamos hablando de que mueve más de 60.000 millones de euros al año. Si nos remontamos a 2020, el tamaño era considerablemente menor”, comparó.
En Camboya, una empresa acusada por el Gobierno de Estados Unidos de dirigir complejos fraudulentos en todo el país tenía 12.900 millones de euros en criptomonedas, que fueron incautados por el Departamento de Justicia el mes pasado: unos fondos equivalentes a casi la mitad de la economía del país.
Que esto ocurra de forma tan pública y visible demuestra el nivel extremo de impunidad y hasta qué punto los Estados no solo lo toleran, sino que, de hecho, estos delincuentes se están integrando en el Estado
Con unos beneficios potenciales tan enormes, la infraestructura necesaria para sostener estos centros de estafa proliferaron con rapidez. Prosperaron en zonas de conflicto y en áreas fronterizas sin ley o con una regulación muy débil. Medios locales de Laos citaron a funcionarios según los cuales hay unos 400 de estos complejos operando en la zona económica especial del Triángulo Dorado —entre las zonas fronterizas de Myanmar, Laos y Tailandia—.
Cyber Scam Monitor —un colectivo que rastrea canales de Telegram dedicados a las estafas, informes policiales, medios de comunicación y datos satelitales para identificar estos complejos— localizaron 253 emplazamientos sospechosos solo en Camboya. Muchos tienen grandes dimensiones y operan a la vista del público.
Como señalan los expertos, la magnitud de los complejos es en sí misma un indicio de hasta qué punto se vieron comprometidos los Estados que los acogen.
“Se trata de infraestructuras enormes, construidas de forma muy visible. Se pueden ver desde la frontera. Incluso se puede entrar en algunas de ellas”, afirmó Tower. “El hecho de que esto ocurra de forma tan pública y visible demuestra el nivel extremo de impunidad y hasta qué punto los Estados no solo lo toleran, sino que, de hecho, estos delincuentes se están integrando en el Estado”, planteó.
El viceministro de Finanzas de Tailandia dimitió en octubre tras recibir acusaciones de tener vínculos con operaciones fraudulentas en Camboya, que él niega. Chen Zhi, recientemente sancionado por el Reino Unido y Estados Unidos por ser presuntamente el cerebro de la red fraudulenta Prince Group, era asesor del primer ministro de Camboya. Prince Group afirmó que “niega categóricamente” las acusaciones de que la empresa o su presidente hayan participado en actividades ilegales. En Myanmar, los centros de estafa se convirtieron en una fuente de ingresos clave para los grupos armados. En Filipinas, Alice Guo, exalcaldesa de una localidad al norte de Manila, dirigió un enorme centro de estafas mientras ocupaba el puesto; acaba de ser condenada a cadena perpetua por trata de personas. Guo es una ciudadana china que se hizo pasar por filipina para llegar al cargo.
En todo el sudeste asiático, los cerebros de las estafas “operan a un nivel muy alto”: obtienen credenciales diplomáticas, se convierten en asesores… Es algo enorme en términos de nivel de implicación y cooptación del Estado“, afirmó Tower.
En este sentido, señaló que “es bastante inaudito que exista un mercado ilícito de esta naturaleza, que está causando un daño a escala mundial, con una impunidad flagrante, y que esté ocurriendo de esta manera pública”.
....
Si quieres seguir leyendo la nota original pincha AQUI





