Hay un detalle en este asunto que conviene subrayar antes que cualquier otro: el borrador de la nueva ley que regula el derecho de rectificación apareció entre la documentación que la UCO confiscó a Leire Díez, la fontanera del PSOE investigada por la trama de presiones a jueces, fiscales y guardias civiles. No apareció en una rueda de prensa de Moncloa. Apareció en un registro policial dentro de una investigación criminal. Que un proyecto legislativo que afecta directamente a la libertad de prensa estuviera circulando en los círculos de la cloaca del PSOE antes de su tramitación oficial dice mucho sobre la naturaleza real de esta norma. No es una casualidad de archivo. Es una pista sobre quién estaba diseñando esto y con qué objetivo. De la libreta de Leire al Consejo de Ministros El borrador intervenido contenía artículos de un proyecto para reformar el derecho de rectificación que afectaba directamente a medios digitales y creadores de contenido. Esa misma esencia, prácticamente intacta, ha sido aprobada en segunda vuelta por el Consejo de Ministros y enviada al Congreso de los Diputados bajo el nombre de Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Rectificación, sustituyendo a la norma vigente desde 1984 y enmarcada en el llamado Plan de Acción por la Democracia del Gobierno de Sánchez. El nombre es, como suele ocurrir con este Gobierno, irónico hasta la incomodidad. Un plan que lleva la palabra «democracia» en su título y que nace de un borrador encontrado en la documentación de una trama que la UCO investiga por presunta organización criminal. Lo que la ley cambia: más poder para el Gobierno, más cargas para la prensa La nueva norma amplía su ámbito a la prensa tradicional, los medios digitales, las plataformas online y, en una categoría especialmente diseñada, a los «sujetos de especial…
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