No es común que una investigación judicial genere tanto revuelo en los despachos de la alta administración pública. Sin embargo, el caso que involucra a Isabel Pardo de Vera y a Javier Herrero promete convertirse en un claro ejemplo de cómo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil puede llegar hasta los rincones más ocultos del poder. El juez Ismael Moreno, encargado del conocido caso Koldo, ya ha recibido la solicitud formal de la UCO para examinar con lupa las cuentas y productos bancarios de estos ex altos cargos. La finalidad es esclarecer si recibieron alguna “contraprestación” por facilitar adjudicaciones de obra pública durante el mandato de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes. La UCO tiene una misión clara: acceder a todas las cuentas que tengan como titulares o autorizados —salvo aquellas relacionadas con Adif o entidades públicas— y llevar a cabo un análisis patrimonial y tributario exhaustivo. El objetivo es descubrir si, más allá de las meras sospechas, existen pruebas concretas de pagos o ingresos irregulares, supuestamente derivados de su rol como “facilitadores” en adjudicaciones millonarias para infraestructuras. ¿Qué busca la Guardia Civil? El rastro del dinero y la red de favores Esta investigación no surge sin más. Los informes elaborados por la UCO describen un entramado donde, según grabaciones y mensajes interceptados, existía una jerarquía bien definida para obtener y repartir comisiones ilegales a cambio de contratos públicos. Las figuras de Koldo García, ex asesor de Ábalos, y del propio exministro aparecen como receptores directos de contrapartidas económicas, con detalles tan específicos como la existencia de “nóminas” en efectivo y pagos gestionados a través de empresas del sector constructivo. En este panorama, el papel desempeñado por Pardo de Vera y Herrero se considera fundamental: ambos habrían “facilitado la alteración de los procesos contractuales”…
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