Bruselas y Madrid marcan posturas opuestas en materia migratoria. Este jueves, el Parlamento Europeo ha dado luz verde a un Reglamento de Retorno que sustituye la antigua directiva por una normativa que debe ser cumplida como ley nacional. El objetivo es armonizar y endurecer las expulsiones ante el fracaso de una tasa media del 20% en la UE. En este contexto, España se destaca por tener una baja tasa de ejecución. En 2024, se emitieron más de 62.000 órdenes, pero solo se llevaron a cabo 6.105, lo que representa un escaso 9,7%. Desde Bruselas, esto se considera un problema serio y se limita la capacidad de cada país para forzar los retornos. Antecedentes de la brecha El nuevo reglamento establece una decisión de retorno europea estándar. Esto implica que las órdenes deben ser reconocidas mutuamente: si alguien es expulsado por Francia y luego aparece en España, su expulsión se ejecuta sin necesidad de iniciar un nuevo proceso. Además, amplía el periodo de detención hasta 24 meses para garantizar la presencia del individuo. También introduce alternativas como la obligación de presentarse periódicamente o residir en un lugar fijo. Las garantías se mantienen. Se prohíben las expulsiones a países donde haya riesgo vital, se veta la expulsión colectiva y se protege a los menores no acompañados asegurando que cuenten con representantes legales. En España, bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, la tendencia ha ido a la baja desde 2022. En 2022: se ejecutó el 8,2% de 46.000 órdenes. En 2023: el porcentaje subió al 9,3% sobre 64.000. Para 2024: se alcanza un 9,7% con respecto a 62.000 órdenes. En años anteriores los resultados eran mejores. Con Rajoy en el poder, la cifra superaba el 50%; con Zapatero, era del 30%. Actualmente, miles de órdenes caducan sin llegar a ser efectivas. El plan…
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