La palabra “público” se ha repetido varias veces en los últimos días. “Público” como aspiración para referirse al sistema que se encarga de las pulseras antimaltratadores, ahora, y desde siempre, gestionado en España por empresas privadas. Entre 2009 y hasta 2023 lo hicieron Telefónica y Securitas Direct, y desde entonces y hasta este momento Vodafone y Securitas. Los múltiples fallos conocidos en la última semana y media, derivados de la transición entre unas y otras adjudicatarias y amplificados después por la implantación del servicio de las dos últimas, han puesto sobre la mesa entre otras cuestiones, la externalización de un servicio creado para proteger la seguridad y la vida de miles de mujeres, niños y niñas.