Algunos son hombres de negocios importantes en sus provincias, otros de medio pelo. Los hay productores agropecuarios y hasta alguna condenada por narcotráfico. Los debates sobre cómo construyeron sus fortunas, si pagaron o no por sus candidaturas y por si defienden intereses particulares o el bien común.
Los ricos tributan el 25% de sus ingresos; la clase media, el 30% y los pobres, el 37%
No sólo el diputado libertario jujeño Manuel Quintar, el que fue al Congreso en su Tesla, tienen origen empresario en las bancadas de La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso. Claro que no son grandes empresarios devenidos legisladores, como en su momento fue el caso de Roberto Urquía, dueño de Aceitera General Deheza (AGD), la de las marcas Natura y Mazola, que fue senador peronista por Córdoba. Algunos son importantes en su provincia, otros de medio pelo y unos han creado pymes o emprendimientos en paralelo con sus carreras laborales. En total, un cuarto de los diputados de LLA, 25 sobre 91, y un tercio de los senadores, siete sobre 21, tienen empresas, incluidos los que se dedican a la producción agropecuaria o al menos saca provecho de ella por compañías de su familia. Es decir que del total de 112 legisladores nacionales, 32 son empresarios.
No hay ningún problema con que haya empresarios metidos en política, como los hay sindicalistas. Quintar diría que se pagó el Tesla con la suya, no con dinero amasado en la función pública. Los debates giran en torno a si consiguieron su fortuna pagando todos los impuestos, sin sobornar funcionarios y respetando los derechos de sus empleados y el medio ambiente. También en cómo accedieron a ser candidatos: si se compraban las candidaturas en LLA, como denunció en 2023 quien entonces se alejaba del partido, Carlos Maslatón, o si los aportes que debería haber sido en blanco de US$5.000 a 50.000 eran para financiar sólo las propias postulaciones, fin que esgrimió Javier Milei en esa oportunidad. Por último, la duda es si la población al elegir a este tipo de representantes escogió personas que defenderán intereses particulares o el bien común.
“El riesgo de incorporar con tanta preeminencia a tantas personas que provienen del mundo empresarial a la función pública tiene que ver con los riesgos de captura de la decisión pública, o sea, darle una excesiva preeminencia a los intereses y a la visión del mundo que tiene una fracción para el conjunto y hacer perder de vista la defensa del interés general por sobre el interés particular”, señala Ana Castellani, socióloga e investigador del Consejo de Investigaciones Científicas (Conicet). “Las cuestiones de lobby, que son tan habituales, se introyectan en el funcionamiento del organismo y eso es lo que hay que contrarrestar”, opina Castellani.