“No estamos de acuerdo”: dos exfuncionarios de Agricultura del peronismo se desmarcaron del impuesto a las vacas de una diputada K

Después de que la legisladora bonaerense de Unión por la Patria (UxP), Lucía Klug, propusiera a través de un proyecto de ley cobrar un “impuesto” en la provincia de Buenos Aires sobre el gas metano emitido por las vacas, – un exministro y otro exsecretario de Agricultura durante la gestión de Alberto Fernández, ligados al peronismo, se pronunciaron sobre la iniciativa: destacaron que carece de una visión integral y estratégica para el desarrollo del país.

El primero en hacerlo fue Juan José Bahillo, exsecretario de Agricultura, quien cuestionó que el proyecto avance sin una lectura completa del funcionamiento de la ganadería en el país. Sostuvo que los sistemas pastoriles, característicos de gran parte del territorio, forman parte de un agroecosistema que, cuando está bien manejado, muestra un impacto ambiental más equilibrado del que suele plantearse.

“Se ha mezclado la ignorancia y la ideología”: expertos cuestionan el proyecto de la diputada K que impulsa un impuesto a los gases de las vacas

“Desde nuestro espacio político queremos ser muy claros: no estamos de acuerdo con la propuesta de un impuesto a la emisión de gases de la ganadería en la provincia de Buenos Aires. Consideramos que esta iniciativa carece de una visión integral y estratégica para el desarrollo de nuestro país. La ganadería argentina, en particular aquella que se desarrolla en los vastos sistemas pastoriles que caracterizan gran parte de nuestro territorio, forma parte de agroecosistema que manejado de manera adecuada, tiene un impacto mucho más equilibrado en el ambiente de lo que a veces se percibe”, dijo Bahillo.

El ahora diputado provincial en Entre Ríos dijo que las pasturas y forrajes que el ganado consume son eficientes captadoras de dióxido de carbono a través de la fotosíntesis, contribuyendo activamente a la fijación de carbono en el suelo y al mantenimiento de los valiosos ecosistemas. “El pastoreo bien gestionado es una herramienta fundamental que puede mejorar la salud del suelo y la biodiversidad, integrándose de manera armónica en el paisaje productivo nacional. Es esencial comprender esta dinámica para evaluar con rigor cualquier iniciativa que afecte a nuestro sector agropecuario, que es pilar de la economía argentina”, advirtió.

En este sentido, también recordó el trabajo realizado durante su gestión en el gobierno anterior, que buscaba anticiparse y atender las crecientes preocupaciones ambientales de los mercados internacionales, pero acompañando y potenciando al productor, según expresó.

Recordó el surgimiento de Visec en el sector: “Bajo la dirección del ministro de Economía, Sergio Massa, se logró un acuerdo trascendental con diversas entidades clave del sector, como la Sociedad Rural Argentina (SRA), el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara), el Centro de Exportadores de Cereales (Cec) y la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Este acuerdo fue una medida pensada a nivel de país, estratégica para asegurar que nuestros productos agroindustriales pudieran seguir accediendo a mercados exigentes como el europeo, respondiendo a las nuevas regulaciones en materia de deforestación”, dijo.

Resaltó que el enfoque fue siempre trabajar en conjunto con el sector para “encontrar soluciones que fortalecieran la competitividad exportadora, generar las divisas que la Argentina necesita y reconocieran los importantes esfuerzos de nuestros productores en materia de sostenibilidad, sin penalizarlos por su actividad”.

Dijo, además: “Creemos firmemente que el camino más adecuado para el desarrollo de la Argentina es el de la colaboración público-privada, el incentivo a las buenas prácticas y el fomento constante de la investigación y desarrollo de tecnologías que mejoren continuamente la eficiencia y la sostenibilidad ambiental de nuestra ganadería, en lugar de sumar nuevas cargas que puedan impactar negativamente en la producción, en las economías regionales y en nuestra capacidad de inserción en el comercio mundial“.

En el proyecto de ley, la diputada cuyo mandato vence la próxima semana, advierte que la provincia de Buenos Aires “es una de las principales emisoras, generando un cuarto del total de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del país“, por lo que promueve la creación de la “Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (Tamba)“.

Y detalla: “Los sujetos obligados por la presente ley deberán abonar la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (Tamba), creada por esta misma ley. Esta tasa se aplicará y medirá en función de los kilogramos de Co2e (Dióxido de Carbono Equivalente) emitidos en la producción de cada establecimiento, en función de mitigar la emisión de gas metano y hacer factible a largo plazo su actividad económica. Dicho peso de Co2e será establecido en relación directa a la cantidad de cabezas de ganado que produzca la empresa y sus características productivas, conforme lo determine la reglamentación”.

Por su parte, Julián Domínguez, exministro de Agricultura, quien defendió el sistema de producción ganadera de la Argentina en la cumbre ambiental del G20 en Glasgow 2022, dijo que “la Argentina siempre fue acreedor ambiental”. El exfuncionario impulsó el subcomité de Ganadería en la FAO en defensa de la producción ganadera argentina.

En ese sentido, indicó que esta posición la han sostenido en todos los ámbitos, tanto nacionales, producto del acuerdo con las provincias: “[Se hizo] cuando se trató el tema y cuando la Argentina fue imputada por la Unión Europea, y en los ámbitos internacionales, tanto en los congresos ambientales como en los foros latinoamericanos”.