
La empresa que manejó la terminal durante más de 30 años denunció que le copiaron su viejo proyecto; el Ejecutivo dijo que no se exige originalidad y que la autoría se discute entre privados
La despiadada historia contractual del Estado con sus concesionarios sumó otro capítulo negro. Esta vez, entre el Poder Ejecutivo y Terminales Terrestres Argentinas (TTA), la empresa que durante más de tres décadas manejó la terminal de ómnibus de Retiro acumuló un nuevo hito en su desvergonzada historia.
Formalmente, el Gobierno cerró la última puerta administrativa que le quedaba al concesionario al rechazar el reclamo de la compañía contra el decreto que en abril declaró de interés público la iniciativa privada de Inverlat, la dueña de Havanna, entre otras firmas, y sus socios para renovar y explotar la terminal. Además, negó la suspensión que pedía TTA y dejó asentado que la vía administrativa quedó agotada. Ahora sí, el próximo round, si es que lo hay, será en los tribunales.
Pero esa es la cuestión administrativa. En el medio, la historia del desastre. En septiembre de 1993, TTA, la firma del fallecido Néstor Otero, firmó el contrato de concesión por 12 años con la posibilidad de prórroga. En 2006, el kirchnerismo extendió el contrato por 10 años más. Ese acuerdo venció en septiembre de 2015 y desde entonces se convive con prórrogas y permisos de explotación precarios.
Semejante despropósito generó una de las desinversiones más importantes de la infraestructura del transporte metropolitano. Y más allá de los desmanejos históricos de Otero, condenado en un juicio abreviado a realizar una probation por pagar dádivas —incluido el alquiler de un departamento— al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, quien confesó haber recibido los beneficios y procesado en Cuadernos, lo real es que no hay empresario que invierta en un emprendimiento sin seguridad jurídica. Y eso, entre otras cosas, es lo que pasa en Retiro, un edificio que se construyó en 1983 y que actualmente tiene menos servicios que entonces. En el medio, los pasajeros.
Pero, de regreso a lo que pasó en estas horas, la impugnación de TTA no es técnica, tal como había hecho en las licitaciones fallidas de 2017 y 2019, sino que habló de violación de la propiedad intelectual con base en la ley de derechos de autor y el Convenio de Berna como respaldo. También se quejó de que nadie la citó durante el trámite, pese a haber impulsado su propia iniciativa sobre la terminal. Hasta habló de un “accionar doloso” de los promotores.
La respuesta oficial, un decreto firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, fue seca y contundente. Según la norma, el régimen de iniciativas privadas no exige originalidad, y si hay una pelea por la autoría de los planos, la tienen que resolver los privados entre ellos. Sobre la falta de participación, el Gobierno recordó que la reglamentación no prevé que terceros intervengan en esa etapa y que la publicidad quedó cumplida con el registro de la iniciativa, el 17 de noviembre de 2025. A TTA le dejó una sola alternativa: presentarse como oferente cuando haya licitación.
Cerca del consorcio aclararon que la denuncia no tiene fundamento






