Es la España de Pedro Sánchez. El 26 de marzo de 2026 Noelia Castillo Ramos, una joven barcelonesa de solo 25 años, recibió la eutanasia en la residencia sociosanitaria Sant Camil, en Sant Pere de Ribes (Barcelona). Quedó parapléjica tras un intento de suicidio en 2022 y, tras casi dos años de batalla judicial contra la oposición de su padre —asesorado por Abogados Cristianos—, consiguió aplicar la ley de muerte digna. Su muerte abre un debate necesario sobre los límites de la eutanasia, la evaluación psicológica en pacientes con historial de trauma y salud mental, y si una sociedad que presume de progresista está fallando a sus jóvenes cuando la única ‘solución’ que ofrece es ayudarles a morir. Sin embargo, lo más llamativo no fue el caso en sí, sino la escasa movilización social que ha generado. Apenas concentraciones puntuales de grupos provida o católicos, algún pronunciamiento de Abogados Cristianos y poco más. Ni marchas masivas, ni trending topics sostenidos de indignación, ni convocatorias en 24 ciudades. Contrasta esta pasividad con la eutanasia recibida por Noelia Castillo con lo ocurrido en octubre de 2014. Entonces, el perro Excálibur, un american staffordshire de 12 años propiedad de la auxiliar de enfermería Teresa Romero (primer caso de ébola en España fuera de África), fue sacrificado por orden de las autoridades sanitarias para evitar posibles riesgos de contagio. El animal no había dado positivo, pero el protocolo de seguridad mandaba. La reacción fue inmediata y contundente: protestas en 24 ciudades españolas, concentraciones frente a la casa de la dueña en Alcorcón (Madrid), altercados con la policía, heridos, cientos de miles de firmas en Change.org y una campaña orquestada por el Partido Animalista PACMA e Igualdad Animal. Se acusó al Gobierno de Mariano Rajoy de «crueldad», «barbarie» y de sacrificar a un «miembro de…
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