Con un ánimo de “enorme preocupación”, directivos del sector de la medicina prepaga dijeron estar analizando en estas horas los efectos concretos del fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucionales los artículos del decreto de necesidad y urgencia 70 (DNU 70) que, en diciembre de 2023, liberaron las subas de cuotas de los planes de salud.
Y, a la vez que se mantienen expectantes respecto de qué hará el Gobierno, también manifestaron -mediante un comunicado de la Unión Argentina de Salud (UAS)- que consideran fundamental la existencia de un diálogo en busca de consensos que los involucre como actores del sistema de salud. La UAS reúne a diferentes asociaciones de empresas vinculadas a servicios de salud.
Desde el Gobierno, en tanto, no respondieron a las consultas de LA NACION respecto de cuáles serán los pasos a seguir tras la sentencia.
En el fallo referido a la causa “Bobbio, María del Carmen c/ Swiss Medical”, los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz confirmaron el rechazo -dispuesto por un tribunal inferior- a los artículos 267 y 269 del DNU 70. Argumentaron no haber encontrado una justificación para que el Poder Ejecutivo modificara de urgencia una ley, en lugar de enviar un proyecto al Congreso. El DNU reformó la ley 26.682, eliminando las disposiciones sobre la intervención estatal para la definición de las cuotas de las prepagas.
Respecto del alcance de la sentencia, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez explicó a este medio que su efecto es solo para la persona que hizo la demanda en cuestión.
Es decir, el fallo no obliga en forma directa al Gobierno a fijar un mecanismo de regulación de precios. Aunque de alguna manera sí lo insta a hacerlo, al sentar un antecedente por el cual otros usuarios podrían hacer sus reclamos. Fuentes judiciales, de hecho, señalaron que en la propia Corte hay “cientos de casos similares”, que tendrán igual resolución que el considerado hoy.
La preocupación en las prepagas es, por un lado, por los posibles efectos económicos, en un contexto en el que -afirman los directivos- las cuotas tienen un retraso de 18% respecto de la inflación, si se considera el período de enero de 2012 a octubre de este año. Es una brecha que se fue recortando a partir de la vigencia del DNU 70.
“Si se le pone un límite artificial a los precios, indefectiblemente sufren la calidad y el acceso al servicio”, señalaron directivos de una prepaga, consultados por LA NACION. Dadas las obligaciones prestacionales, agregaron, “la salud privada en la Argentina es una cadena de valor que no puede subsistir con esquemas de control de precios que no reconozcan el impacto de las nuevas tecnologías; la alternativa para que los costos se moderen pasa porque el Estado arbitre y separe la demanda de servicios de salud, que tiende a ser infinita,

