Las personas con discapacidad que adquieren un vehículo a través del régimen de franquicias impositivas cuentan con una serie de beneficios fiscales y aduaneros que facilitan el acceso a un medio de movilidad adaptado. Sin embargo, estos automotores quedan sujetos a determinadas restricciones: durante un plazo establecido no pueden venderse, donarse, cederse ni transferirse.

Para poder disponer libremente del vehículo, es decir, para que pueda ser usado o vendido por cualquier persona, es necesario tramitar el Certificado de Libre Disponibilidad del Automotor, otorgado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

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Este documento permite liberar al vehículo del régimen de franquicia previsto por la Ley 19.279 y el Decreto 1313/93. A partir de su emisión, el automotor deja de estar restringido al uso exclusivo del beneficiario y puede circular sin las limitaciones propias del régimen impositivo especial. La obtención del certificado no implica perder otros beneficios asociados, como la exención del impuesto de patente, ni obliga a vender el vehículo: simplemente habilita la posibilidad de hacerlo.

El trámite se realiza exclusivamente en línea, a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD) y tiene una duración estimada de 30 días hábiles. Su emisión no tiene fecha de caducidad. Además, en los casos en que se solicita por tiempo transcurrido, rige el principio de “silencio administrativo positivo”: si pasan 60 días hábiles sin respuesta luego de haberse cumplido los requisitos, se considera otorgado de manera automática.

El Certificado de Libre Disponibilidad debe tramitarse cuando se cumpla alguna de las condiciones previstas en la normativa. La más habitual es el paso del tiempo: 30 meses desde la inscripción inicial del vehículo si es de fabricación nacional o 48 meses si fue importado. También puede pedirse en caso de que la persona con discapacidad sufra un agravamiento que le impida conducir y no tenga familiares que puedan trasladarla; en situaciones de robo, hurto o destrucción total del vehículo; o bien ante el fallecimiento del titular del beneficio.

Requisitos y documentación

Para iniciar el proceso, el solicitante debe contar con CUIT o CUIL y clave fiscal nivel 2 o superior, emitida por ARCA. Luego, debe ingresar a la plataforma TAD, seleccionar el trámite “Certificado de Libre Disponibilidad del Automotor para personas con discapacidad” y adjuntar la documentación correspondiente.

La información requerida varía según el motivo de la solicitud. En los casos por tiempo transcurrido, se exige una declaración jurada electrónica, la verificación policial del automotor mediante el formulario 12D, el título del vehículo con la leyenda prevista en la ley y el DNI del beneficiario con domicilio actualizado. Si el trámite lo realiza un curador o apoderado judicial, deben adjuntarse las resoluciones o autorizaciones correspondientes.

Cuando la solicitud se debe al agravamiento de la discapacidad, la persona deberá acompañar un certificado médico actualizado que será evaluado por una Junta Médica de ANDIS. En caso de robo o siniestro total, se requiere la denuncia policial, la constancia de la compañía de seguros que acredite la destrucción del vehículo y la póliza vigente al momento del hecho. Si el motivo es el fallecimiento del titular, los herederos deberán presentar la partida de defunción, la declaratoria de herederos, la verificación policial, el título del automotor y los comprobantes de libre deuda de patente, además de sus DNI.

Cómo se realiza el trámite

El procedimiento es gratuito y se gestiona completamente de manera digital. Una vez reunidos los documentos, se ingresa a la plataforma de Trámites a Distancia, se selecciona la opción correspondiente al motivo de la solicitud y se completan los datos requeridos. Luego, se cargan los archivos digitalizados y se envía la presentación. El seguimiento y las notificaciones se realizan también a través del sistema, por correo electrónico. En caso de dudas o consultas, los interesados pueden comunicarse con la Agencia Nacional de Discapacidad por correo electrónico o por teléfono.

La Ley 19.279 establece distintos beneficios para las personas con discapacidad al momento de adquirir un vehículo. Pueden acceder a una contribución estatal para la compra al contado de un auto nacional, que puede cubrir hasta la mitad del valor del modelo base, o bien importar un vehículo con los mecanismos de adaptación necesarios sin abonar impuestos internos, IVA ni derechos de importación.