La iniciativa nació en el entorno del principal asesor de Milei y convierte una narrativa política en un criterio legal para impedir el ingreso o cancelar la residencia de extranjeros. La oposición y especialistas anticipan una nueva disputa judicial.
Modificar por decreto una ley migratoria ya era, de por sí, una decisión destinada a generar controversia. Hacerlo apenas un mes después de que la Cámara Nacional Electoral declarara inconstitucional otra reforma impulsada por Javier Milei sobre la misma norma elevó todavía más la apuesta política de la Casa Rosada. El Gobierno sabía que volvería a enfrentar cuestionamientos constitucionales, que el texto sería examinado por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo y que probablemente terminaría otra vez en los tribunales. Aun así, decidió avanzar.
La explicación no aparece en un cambio repentino de la política migratoria ni en una situación de emergencia en las fronteras. Tampoco en un informe elaborado por la Dirección Nacional de Migraciones o por las fuerzas de seguridad sobre un aumento de delitos vinculados con extranjeros. Según reconstruyeron distintas fuentes oficiales, el impulso para modificar la Ley de Migraciones surgió por otro carril: la convicción, instalada en el círculo más cercano al Presidente durante las semanas posteriores al Mundial, de que la Argentina estaba siendo blanco de una ofensiva internacional organizada para desacreditarla.