La ciudad de Buenos Aires combate a quienes se las rebuscan en las calles. Los curas villeros repudian el “hostigamiento” y piden que “dejen de humillar” a sus vecinos. Las políticas represivas se repiten aunque con matices en Córdoba, Santa Fe, Mendoza, La Plata, Mar del Plata, Tucumán, ciudades patagónicas y municipios del conurbano.
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“Al gobierno de la ciudad: no se pasen de la raya”, arrancaba un reciente video del Equipo de Sacerdotes de Villas porteñas, con la voz de Lorenzo “Toto” de Vedia, párroco en Barracas, el pasado 26 de junio. “Luego de las cartas que enviamos al jefe de Gobierno de la ciudad (Jorge Macri) y que no fueron respondidas, expresamos repudio al hostigamiento a vecinos de nuestras villas: a cartoneros, vendedores ambultantes, personas que viven en la calle y a los que se organizan para ayudarlos. Pedimos que dejen de humillar a los pobres”, proclamaban una semana después de que la Legislatura de la capital aprobara una ley que pena con hasta dos meses de cárcel a los trapitos y limpiavidrios. Pero no se trata sólo de las tierras de Macri. Este tipo de política se va extendiendo por buena parte del país.
En la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de Gobierno no sólo impulsó esta nueva ley sino que viene desalojando desde inicios de su gestión a los vendedores ambulantes y manteros en todos los barrios, desde Once y la Villa 31 hasta Parque Centenario y Chacarita, con el secuestro de las mercancías ofrecidas. También desde el arranque de su administración con su operativo Orden y Limpieza manda personal a conminar a las personas de situación de calle para que se vayan a los paradores o al conurbano, pero no dan abasto ante un número creciente de sin techo. Los procedimientos también incluyen incautación de pertenencias como colchones.
En cuanto a los cartoneros, la capital endureció el registro de los habilitados y el control de los que están fuera de ese listado, a quienes les sacan sus carros. Quitó subvenciones al transporte, cerró una de sus plantas de reciclado, planea mudarlas todas fuera de su territorio y creó multas para quienes desarodenan la basura fuera de los tachos. A eso se suma que el precio que se paga por materiales para reciclado ha descendido, en parte por la apertura de la importación de residuos y la recesión de las industrias que los compran. Esta merma y el congelamiento del salario complementario que cobran los cartoneros desincentiva la actividad en todo el país. En ese contexto cerró la fábrica de reciclado de plástico pet de las botellas de Ecopek, de capitales mexicanos, en marzo pasado. Ya no era más negocio.