Mientras el Senado debate una reforma que vacía de contenido la Ley de Tierras, el autor sostiene que la falsa dicotomía entre producción y protección ambiental encubre una discusión más profunda: quién controla los recursos naturales, con qué reglas y en función de qué proyecto de país.
Durante demasiado tiempo nos hicieron creer que el debate ambiental enfrentaba dos posiciones irreconciliables: quienes quieren producir y quienes quieren proteger la naturaleza. Es una discusión falsa. Ningún país puede desarrollarse destruyendo los bienes que sostienen su existencia, administrar y preservar estratégicamente sus bienes ambientales, antes de transformarlos en recursos, es una tarea pendiente.
La verdadera pregunta no es si debemos extraer o conservar. La pregunta es otra: ¿quién decide, bajo qué reglas, para beneficio de quién y con qué horizonte de país?
Toda sociedad aprovecha sus recursos naturales. Lo definitorio, es cómo se practica esto dentro de un proyecto nacional.
Cuando la tierra se convierte únicamente en un activo financiero; el agua, en una mercancía; los bosques, en hectáreas desmontables; los glaciares, en un obstáculo para determinados negocios; y el Estado, en un enemigo que debe retirarse, ya no estamos frente a una política de crecimiento. Estamos frente a una lógica de apropiación que consume el patrimonio común sin preguntarse qué dejará mañana.
En el senado pende de un cuarto intermedio, hasta el seis de agosto, un dictamen que destruye a la Ley de Tierras. Sin vueltas y en resumidas cuentas, es realmente alarmante, según nos explica, el Dr. Jeronimo Guerrero Iraola, abogado del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata e integrante de la Coalición Federal en Defensa de la Tierra.
La Ley 26.737 funciona como un sistema de tres patas: dice quién no puede comprar tierra rural argentina, cuánto no puede comprar, y qué pasa si compra igual. El dictamen destruye las tres.
Primera pata: quién. La ley vigente restringe a cualquier extranjero —persona o empresa— que supere los límites. El dictamen achica ese universo a un solo tipo de actor: los Estados extranjeros y sus empresas estatales. Todo el capital privado extranjero —fondos de inversión, corporaciones, fortunas personales— queda fuera de cualquier restricción. Libre para comprar. El problema es que la extranjerización de la tierra en Argentina la protagoniza exactamente ese capital privado, no los gobiernos de otros países comprando campos. El dictamen apunta al único actor que no es el problema.
Segunda pata: cuánto. La ley vigente fija techos: 15% del territorio por provincia, 1.000 hectáreas por titular, prohibición absoluta sobre campos con agua. El dictamen los deroga todos. Para los pocos sujetos que todavía quedan restringidos —los Estados extranjeros— ya no hay límite de superficie. Para el resto —todos los privados extranjeros— nunca había empezado a aplicar la restricción del punto anterior. El resultado es un régimen sin topes para nadie.
Tercera pata: qué pasa. La ley vigente dice que quien viola las reglas pierde las tierras: nulidad absoluta, restitución. El dictamen deroga el artículo que establece esa consecuencia. Y de paso deroga también el Consejo Interministerial que controlaba el cumplimiento, y el registro que permitía saber quién compró qué. Sin sanción, sin control y sin información, las restricciones que sobreviven son letra muerta: existen en el papel y no ocurre nada si no se cumplen.
A eso se le suma un mecanismo nuevo: para los pocos casos en que todavía se necesita autorización —un Estado extranjero que quiere comprar igual—, el dictamen establece que, si el Ejecutivo no contesta en plazo, el silencio vale como aprobación. La inercia burocrática se convierte en permiso automático.
Lo que queda después de todo esto es una ley que conserva el nombre y pierde la función. Un cartel que dice “protección” donde no hay nada que proteja.
Todos esos hechos expresan una misma concepción: la idea de que cualquier regulación ambiental sobre nuestros bienes ambientales, constituye un límite indeseable para el mercado.
Sin embargo, las normas que hoy algunos consideran un obstáculo nacieron de experiencias concretas. Cada bosque arrasado, cada río contaminado, cada incendio y cada ecosistema degradado enseñaron que el mercado, por sí solo, no protege aquello que no puede reemplazarse.
La Cuenca Matanza-Riachuelo es una prueba de ello. Durante años simbolizó el abandono ambiental argentino. Luego de un enorme esfuerzo, técnico, científico, judicial, político y sobre todo comunitario, comenzó un proceso de recuperación que demostró que el Estado puede revertir daños que parecían irreparables. Desfinanciar o abandonar ese trabajo no significa ahorrar recursos: significa renunciar al conocimiento acumulado y aceptar nuevamente que la contaminación sea el destino inevitable de los sectores más vulnerables.
Algo semejante ocurre con los glaciares, verdaderas reservas estratégicas de agua dulce; con los bosques nativos, indispensables para la biodiversidad y el equilibrio climático; o con las tierras incendiadas, cuya protección busca impedir que el fuego termine transformándose en un negocio.
No necesitamos un ambientalismo ingenuo que desconozca las necesidades productivas de la Argentina. Pero tampoco podemos aceptar un capitalismo primitivo que reduzca toda decisión al beneficio inmediato. El progreso no consiste en extraer cada vez más, sino en producir cada vez mejor, con mayor conocimiento, menor impacto ambiental y mayor justicia social.
Existen ejemplos que demuestran que ese camino es posible. Hoy, quienes aprovechan su petróleo, y creen que esa riqueza no pertenece solamente al presente. Se crean fondos soberanos que fortalecen jubilaciones, educación, salud e inversiones para las próximas generaciones. El recurso natural fue transformado en ciudadanía. Ese debería ser un debate argentino, antes de que nuestros bienes sean solo garantía de deudas.
Cada tonelada de litio, cobre, gas, petróleo o alimento que salga de nuestro país tendría que estimular y generar más ciencia que la que encontró; más universidades, más industria nacional, más tecnología, más empleo y mejores condiciones de vida. Si únicamente deja ganancias privadas y pasivos ambientales, no hubo desarrollo. Hubo depredación.
Del mismo modo, ninguna empresa debería estar autorizada a hacer en la Argentina aquello que tiene prohibido hacer en su propio país. Si respetan estrictas normas ambientales en las naciones donde tienen sus casas matrices, esas mismas exigencias deben cumplirse aquí. Nuestra naturaleza no vale menos y nuestra población no merece una protección inferior.
El ambiente tampoco puede seguir siendo una preocupación exclusiva de especialistas o de organizaciones sociales. Es una cuestión de salud pública, de economía, de ciencia, de producción, de justicia social y de soberanía. Un país que pierde el control sobre su tierra, sobre su agua y sobre sus recursos estratégicos también pierde parte de su capacidad para decidir su destino.
Quizás el mayor triunfo del capitalismo más depredador haya sido convencernos de que proteger la naturaleza es un obstáculo para el desarrollo. La experiencia internacional demuestra exactamente lo contrario. Las naciones más fuertes administran cuidadosamente sus recursos porque comprenden que allí reside una parte fundamental de su independencia.
Por eso ha llegado el momento de incorporar una nueva dimensión a nuestra idea de soberanía.
Así como defendemos la soberanía política, económica y territorial, debemos construir una soberanía ambiental.
Una soberanía que no impida producir, sino que decida cómo producir; que no rechace la inversión, sino que la subordine al interés nacional; que transforme la renta de nuestros bienes naturales en educación, ciencia, jubilaciones, infraestructura, innovación tecnológica e industria; que garantice que cada generación reciba un patrimonio ambiental igual o mejor que el heredado.
La soberanía ambiental no es una consigna ecológica. Es una política de Estado. Es la decisión de que los bienes naturales de la Argentina dejen de ser el punto de partida de un nuevo ciclo de dependencia para convertirse en el fundamento de un desarrollo justo, moderno y verdaderamente nacional.
Porque una Nación que no decide sobre su tierra, su agua y sus recursos estratégicos difícilmente pueda decidir sobre su futuro. Y un pueblo que pierde el dominio de su patrimonio natural termina perdiendo, tarde o temprano, gran parte de su propia libertad.
El autor es director del Instituto de la Vivivienda de Buenos Aires