La administración Trump le solicitó a la Corte Suprema que confirme la orden ejecutiva que pone fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. De aprobarse los argumentos sobre el tema, comenzaría una campaña sobre la medida antes de las elecciones intermedias del Congreso.
La petición fue presentada ante el tribunal el 26 de septiembre. En ella, el equipo legal de la administración Trump solicitó a la Corte determinar si la medida impulsada por el presidente denominada “Protegiendo el Significado y Valor de la Ciudadanía Estadounidense” se ajusta con la Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda, la cual establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos estadounidenses”.
“La pregunta que se plantea es si la Orden Ejecutiva cumple en su forma literal con la Cláusula de Ciudadanía y con el 8 U.S.C. 1401(a), que codifica dicha Cláusula”, sostiene el documento escrito.
El escrito estipula que la disputa entre el Ejecutivo y los estados que han rechazado la medida parte de la interpretación de la frase “sujeto a la jurisdicción de los mismos” de la Decimocuarta Enmienda.
Desde este punto, la administración Trump concede una apreciación histórica más restrictiva de la Cláusula de Ciudadanía a raíz de estas vertientes:
Al nombrar este análisis, el Procurador General D. John Sauer pidió a los jueces que escuchen estos argumentos sobre el tema a principios del próximo año, lo que probablemente conduciría a un fallo en junio de 2026, según consignó Politico.
El proceso para anular de la ciudadanía por nacimiento inició el primer día del regreso de Trump al cargo, cuando firmó la orden ejecutiva. Sin embargo, no se logró implementar porque cuatro jueces federales dictaminaron que la medida violaba la Enmienda 14.
Una de las medidas más contundentes ocurrió en Concord, Nuevo Hampshire, cuando un juez federal la aplicación del decreto en todo el país, tras aceptar la solicitud de organizaciones defensoras de migrantes para que la denuncia contra la administración Trump fuese tramitada como una acción colectiva.
Al concederle ese estatus, el juez quedó habilitado para emitir una orden judicial que bloqueara el decreto a escala nacional. “Eso es un daño irreparable, la pérdida de la ciudadanía en sí misma”, afirmó el juez. “Es el mayor privilegio que existe en el mundo”.