El reporte expone que la empresa de Fred Machado que supuestamente contrató al exdiputado mileísta no tenía una deuda que justificara la reestructuración, ni mucho menos un pago de US$1 millón por asesoría. Espert maniobra para dilatar la causa.
Un informe de la autoridad tributaria de Guatemala termina por desbaratar la estrategia judicial de José Luis Espert para explicar su vínculo económico con Federico “Fred” Machado, el empresario argentino que en mayo atrás se declaró culpable de fraude y lavado de dinero en un tribunal de Texas, Estados Unidos.
En su presentación escrita ante un juzgado federal de San Isidro del martes pasado, cuando fue citado a indagatoria, Espert se aferró a la explicación de que fue contratado en 2019 por la firma guatemalteca Minas del Pueblo, de Machado, para una asesoría de reestructuración de su deuda, a cambio de un compromiso de pago de US$1 millón, de los cuales se efectivizaron al menos US$200.000 en enero de 2020.
La acusación del fiscal federal Fernando Domínguez sostiene que ese contrato fue una mera pantalla para vehiculizar el lavado de activos. La sospecha parte de múltiples indicios: el exdiputado de La Libertad Avanza no realizó ninguna tarea relacionada al supuesto fin de la reestructuración de la deuda de la minera, ni tenía experiencia en ese tipo de auditorías, ni tampoco hubo ningún esbozo de Machado para recuperar el dinero transferido a cambio de nada. Los registros de mensajes entre Espert y su contador con la evasión como propósito, viajes, cuentas y fideicomisos que permanecían ocultos y una serie de transferencias sospechosas a lo largo del tiempo cierran el cuadro del presunto lavado.
A pedido de Domínguez, la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala envió en junio un informe sobre el estado patrimonial de Minas del Pueblo en los años previos al pago de Machado a Espert. Allí se detalla que, en 2018, la empresa declaró un capital de US$10 millones y una deuda de US$300.000. El año siguiente, en el que el economista ultraderechista y el empresario argentino establecieron el vínculo por un supuesto interés del segundo en apoyar la campaña electoral del Frente Despertar, Minas del Pueblo contabilizó un capital de US$30 millones y una deuda de US$5 millones.
Los números hablan por sí solos. “¿Qué empresa aceptaría pagar US$1 millón a una consultora para reestructurar una deuda de US$5 millones, que a su vez que representa un sexto del patrimonio declarado? ¿Cuál era el apremio por pagar 20% del monto adeudado a un asesor sin ningún tipo de experiencia en la materia?”, se preguntó una fuente con acceso al expediente.
El informe del par del ARCA en Guatemala llegó a Argentina después del dictamen de Domínguez en el que solicitó la indagatoria de Espert ante el juez Lino Mirabelli, titular del juzgado federal 2 de San Isidro. En el texto del fiscal, se detallaron los pasos para dar apariencia de legalidad al trasiego de fondos a Espert desde el fideicomiso Wright Brothers Aircraft, utilizado por Machado y su socia, Debra Mercer-Erwin, para cometer un fraude a gran escala.
En la secuencia aparece el contrato por US$1 millón firmado en 2019, la compra de la casa en Beccar en noviembre de ese año, la transferencia de US$200.000 el 22 de enero de 2020 y la adquisición inmediata de un automóvil BMW de alta gama. Esos movimientos son apenas posteriores a los aportes de campaña de Machado por un monto que, según fuentes vinculadas a la candidatura de Espert, alcanzó un rango de entre unos pocos cientos de miles de dólares a US$2,5 millones, además de la provisión de un avión privado y una camioneta blindada.
También entran en juego la creación de la firma Varianza SA a nombre de Espert y su pareja, Mercedes González, que sería otra pantalla de consultoría para ingresar dinero, según el fiscal. Con el tiempo, la pareja participó de fideicomisos para la adquisición de propiedades y sumó más automóviles de lujo.