No son infrecuentes los incidentes lingüísticos en nuestra vida política: recordemos la reciente reforma del Reglamento del Congreso que admite la intervención de los diputados en sus respectivas lenguas propias, que fue muy contestada, o todavía más recientemente el anuncio por parte del president Salvador Illa de impugnar la decisión del Tribunal Superior de Cataluña sobre la anulación de diversos aspectos de la normativa de la Generalitat respecto de la ordenación lingüística en la escuela, en relación especialmente con el uso del castellano en la misma. Desde luego, no puede ignorarse que la cuestión lingüística puede ser un ariete en la superación del Estado autonómico que algunos proponen, y entonces de lo que se trata es de denunciar especialmente la ineptitud del modelo para abordar satisfactoriamente el pluralismo lingüístico español. Mi intención aquí es justamente mostrar lo equivocado de esta tesis y defender nuestro sistema partiendo, como es lógico, de la propia ordenación constitucional, completada por el Tribunal Constitucional y un adecuado tratamiento académico.