El Consejo de Estado ha emitido un durísimo pronunciamiento contra el proyecto de ley que el Gobierno está preparando con la excusa de regular los medios de comunicación y los servicios digitales. En un dictamen que no deja lugar a dudas, este órgano consultivo —el más alto dentro de la Administración— señala que la normativa, actualmente en discusión en el Congreso de los Diputados, incluye elementos que podrían limitar la libertad de prensa, evocando prácticas propias de dictaduras. Esta Ley cuyo presunto objetivo sería la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación propone la creación de un registro obligatorio. Todos los medios deberían inscribirse y proporcionar información confidencial sobre su estructura de propiedad. Además, se les exige revelar el importe anual que reciben en fondos públicos para publicidad estatal, así como el total de ingresos derivados de publicidad procedente de autoridades o entidades públicas extranjeras. El Consejo de Estado no solo ha expresado inquietudes técnicas, sino que ha cuestionado abiertamente el enfoque detrás del proyecto. Según su análisis, la puesta en marcha de un registro de este tipo actuaría en la práctica como «un instrumento de Policía administrativa» y no como «una herramienta de transparencia al servicio tanto del ciudadano como de las empresas». Este órgano recalca que el objetivo debería ser facilitar el acceso a información sobre la propiedad mediática, no someter a control previo su funcionamiento. Un registro franquista La crítica más contundente del Consejo de Estado se centra en la obligación impuesta para ejercer la actividad periodística. En su dictamen, se recuerda que «en el ordenamiento español no existe actualmente ninguna obligación de registro para el ejercicio de la actividad periodística» y que los registros anteriores establecidos en la Ley de Prensa de 1966 —promulgada durante el régimen del dictador Francisco Franco—…
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