
La desigualdad que se ha instalado entre la población catalana y española pese a la buena marcha de la economía en términos macroeconómicos hace que la pobreza se haya cronificado, y que se haya llegado a situaciones insólitas: no solo tener un empleo no evita la pobreza, sino que ni las prestaciones sociales más básicas logran sacar a las familias vulnerables de la privación. Dos informes de Ivàlua, la agencia de evaluación de políticas públicas de la Generalitat, concluyen que la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) está lejos de cumplir sus objetivos, especialmente en lo que atañe a los menores de edad y a las mujeres. En los informes, Ivàlua alerta de que dos de cada tres familias con hijos que perciben la prestación continúan en situación de pobreza severa a pesar de tener esta ayuda, y que las mujeres que la perciben sufren más vulnerabilidad que los hombres. La Generalitat está impulsando una reforma de la RGC para que llegue a más gente y para que sea compatible con otras ayudas y situaciones, pero el sindicato CC OO lo considera insuficiente y reclama medidas “urgentes”.


