
Mienten más que hablan. Y han destruido pruebas, como hacen mafiosos, ladroners de pacotilla y cornudos infieles. La escena es realmente sorprendente: Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, se presenta en el Tribunal Supremo como acusado, aún ataviado con su toga y bajo la protección de un escolta oficial. Jamás antes un fiscal general había ocupado el banquillo de los acusados en la historia reciente del país, y menos aún por un supuesto delito de revelación de secretos vinculado a la filtración de un correo confidencial sobre el caso que afecta a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Este asunto, que podría haber sido solo una nota al pie en el interminable relato político nacional, se ha transformado en una auténtica pesadilla para García Ortiz. El Supremo inició las diligencias en octubre de 2024 y programó el juicio oral para noviembre de 2025. Política y justicia vuelven a cruzarse inevitablemente en España. Todo parece girar alrededor del móvil adecuado: memoria selectiva frente mensajes olvidables… algunos decidieron borrar… mientras otros optaron por guardar para dejar huella. El misterio de los móviles y la amnesia digital Uno de los aspectos más intrigantes del proceso es el enigma que rodea a los teléfonos móviles del fiscal general. Los informes elaborados por la Guardia Civil indican que su dispositivo no contiene mensajes anteriores al 16 de octubre de 2024, lo que desde la UCO se califica como un “vaciado o borrado intencionado” llevado a cabo en dos ocasiones diferentes. La defensa argumenta que no hubo mala fe y presenta peritajes alternativos, pero el espectro del borrado sigue acechando el desarrollo del caso. Este hecho contrasta notablemente con lo sucedido con la fiscal Pilar Rodríguez, cuya terminal sí conservó mensajes clave, lo que ha permitido reconstruir parte de la secuencia interna relacionada con la…
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