Convertir lo que es un asunto judicial en un pulso político es, quizás, la peor estrategia posible para una esposa de presidente del Gobierno asediada por cinco delitos tan graves como tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo, apropiación indebida y malversación. Sin embargo, eso es, precisamente, lo que está haciendo Begoña Gómez: dilatar, esquivar y, en definitiva, rehuir el proceso cada vez que un juez le pide explicaciones. Este sábado, frente a la citación del juez Juan Carlos Peinado, Gómez eligió la ausencia. Era la quinta vez que el magistrado le ofrecía la oportunidad de responder por las acusaciones, y la quinta vez que la mujer de Pedro Sánchez falla a un principio básico de cualquier democracia seria: la obligación de dar la cara. La estrategia es clara, y al mismo tiempo peligrosa. Enviar abogados en su representación no basta. Lo que está en juego no es simplemente la defensa procesal de una investigada, sino la confianza de los españoles en que la ley alcanza a todos por igual, sin excepciones de apellido ni inmunidad conyugal. El hecho de que la imputación pueda terminar en un juicio con jurado popular hace aún más inexplicable el empeño en esconderse, como si el problema se resolviera a golpe de gestos calculados. Gómez no es inocente ni culpable hasta que lo diga una sentencia, pero su actitud ya habla por sí sola: la esposa del presidente apuesta por el silencio, la falta de transparencia y la esquiva constante. No parece comprender que esa conducta no hace más que agravar la percepción ciudadana de que en La Moncloa se juega con reglas distintas a las que rigen para el resto. El caso no afecta solo a Begoña Gómez. Cada desplante al juez erosiona directamente al propio Sánchez, que gobierna bajo la sombra…
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