
800.000 personas en España, acceden al subsidio por desempleo sin necesidad de haber contribuido previamente a la Seguridad Social. Además, más de 3,2 millones de personas ya viven en España gracias al Ingreso Mínimo Vital (IMV) que paga el Gobierno central o a una Renta Mínima de Inserción (RMI) que abonan las Comunidades Autónomas o también gracias a una pensión no contributiva. Y es que el sistema parece preferir subvencionar a los que no trabajan a costa de los que sí lo hacen en vez de habilitar otro tipo de políticas que incentivan buscar empleo como, por ejemplo, rebajar los costes laborales a las empresas que contraten parados. Los beneficiarios de estas paguitas representan un gasto considerable. Sólo el Gobierno central fundió en 2025 casi 6.000 millones de euros en el IMV mientras que la suma del gato de las regiones que pagan la Renta Mínima de Inserción ascendió a otros 750 millones de euros. Este elevado gasto en mantener personas que no trabajan suscita debate: ¿es realmente sostenible en un contexto donde el desempleo se mantiene elevado con más de 4 millones de personas que no están trabajando? Mientras tanto, las normas fiscales están experimentando cambios para facilitar aún más el cobro de ayudas. A partir de 2026, cobrar prestaciones por desempleo no requerirá presentar la declaración de la renta si no se superan los umbrales generales de ingresos, establecidos en 22.000 euros con un solo pagador o 15.000 si hay múltiples pagadores. Este ajuste, incluido en el Real Decreto-ley 3/2026, elimina una obligación que se planteó en 2024 con la intención de controlar mejor las rentas, pero que no llegó a implementarse completamente. Actualmente, el 75% de quienes recibieron paro en 2024 reportaron ingresos inferiores a 5.400 euros anuales, lo que hacía que declarar sus ingresos les ocasionara…
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