El juez federal a cargo del “caso $LIBRA” en la Argentina, Marcelo Martínez de Giorgi, ordenó congelar bienes muebles e inmuebles y activos financieros del “empresario” estadounidense Hayden Davis y de dos operadores de criptoactivos sospechados de manejar una “cueva financiera” en el mundo cripto.

La medida cautelar de “prohibición de innovar” es por tiempo indefinido y alcanza al colombiano Favio Camilo Rodríguez Blanco y al argentino Orlando Rodolfo Mellino, quienes figuran como titulares de billeteras virtuales que registran movimientos bajo la lupa judicial.

La resolución cautelar se basó en el pedido del fiscal federal Eduardo Taiano y se sustenta en un informe técnico de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes del Ministerio Público Fiscal. Firmado por sus titulares, María Fernanda Bergalli y María del Carmen Chena, el informe recomendó avanzar contra Davis, Rodríguez Blanco y Mellino para preservar bienes que podrían constituir el producto del presunto fraude a cientos de inversores, estimado entre los 100 y 120 millones de dólares.

Martínez de Giorgi accedió al requerimiento tras concluir que se cumplían los requisitos de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora, por el riesgo de que los investigados dispusieran de los activos digitales bajo sospecha antes de que se resolviera la causa, impidiendo, de ese modo, la consolidación del producto del delito.

La prohibición de innovar, aclaró Martínez de Giorgi, se mantendrá vigente por el plazo estrictamente necesario para cumplir los fines del proceso y ordenó notificar su decisión a la Comisión Nacional de Valores (CNV) para que la informe a los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV), y extienda el bloqueo a todas las plataformas de criptoactivos que operan en la Argentina.

La inclusión, en tanto, de Rodríguez Blanco y Mellino en la medida judicial responde a su participación como “intermediarios” en operaciones de conversión de criptoactivos a dinero fiduciario. Y, en particular, entre Davis y los dos lobistas argentinos involucrados en el “caso $LIBRA”, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, con transferencias de criptoactivos millonarias que forman parte de la ruta del dinero bajo sospecha.

Los informes consignan que Rodríguez Blanco aparece como intermediario, por ejemplo, en operaciones que coincidieron temporalmente con movimientos de dinero en efectivo vinculados a la apertura de cajas de seguridad atribuidas a Novelli, como el registrado el lunes 17 de febrero, cuando la hermana y la madre de Novelli retiraron bolsos de una sucursal del Banco Galicia horas después del colapso de $LIBRA.

En paralelo, los investigadores detectaron que Mellino también intermedió de manera directa entre Davis y los demás investigados. Por ejemplo, en fechas coincidentes con la reunión entre Davis y el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. La Fiscalía rastreó que Davis transfirió una suma de US$ 507.500 a través de la plataforma Bitget apenas 42 minutos después de que el presidente tuiteara una selfie de ambos el 30 de enero, promocionando a Davis como asesor en blockchain e inteligencia artificial.

Los documentos que la Fiscalía analizó sugieren que esas transferencias “podrían constituir eventuales pagos indirectos a funcionarios públicos” y que los intermediarios habrían actuado como “rampas de salida a dinero fiduciario” para dificultar el rastreo de los fondos y ocultar quiénes son sus receptores finales, quienes permanecen en las sombras.

“Monetizar la Imagen del Presidente”

La conexión entre el fraude y la cúpula del poder se profundizó con documentos que revelaron los planes de los lobistas argentinos. Tres meses antes del lanzamiento y colapso de $LIBRA, Novelli y el presidente Milei evaluaron la posibilidad de generar proyectos para “monetizar la imagen del Presidente” con el fin de obtener ganancias millonarias para ambos, según fuentes al tanto de las deliberaciones en la Quinta de Olivos.

Novelli argumentó que la imagen del líder libertario constituía un “activo personalísimo” que podía ser usufructuado libremente, sin vulnerar la Ley de Ética Pública ni el decreto 41/99. Sin embargo, en la propia velada en Olivos, el entonces abogado personal del Presidente, Diego Spagnuolo, planteó reparos a la propuesta de negocios, alertando sobre posibles conflictos de interés.

La tensión alcanzó su punto más alto con los mensajes de texto de Davis que salieron a la luz, en los que alardeó de sus vínculos y poder: “Le envío $$ a su hermana [por Karina] y él firma lo que digo y hace lo que quiero. Una locura”, escribió a fines de 2024 a un financista, sugiriendo un esquema de influencia y un plan que incluía otro criptoactivo con foco en la Argentina: $MILEI.

Mientras la Justicia argentina avanza con el congelamiento de activos, en los Estados Unidos, los inversores afectados redoblaron la ofensiva con una demanda colectiva (“class action”) que ampliaron en Nueva York. Acusaron a Davis, la plataforma Meteora y su referente Benjamin Chow de haber montado y liderado una “auténtica fábrica de fraude”.

Según los demandantes, el modus operandi fue un “manual de estafas” que combinó maquinaria promocional engañosa y el control secreto del mercado para ejecutar un “vaciamiento coordinado (rug pull)”, vaciando millones de dólares de los inversores minoristas. La responsabilidad de Chow, según la acusación, habría sido la de “arquitecto técnico” de la operación.

El punto más grave de la presentación judicial en Nueva York es la invocación de la ley que penaliza el crimen organizado, conocida como RICO Act. Los demandantes sostienen que los fraudes de $M3M3 y $LIBRA no fueron episodios aislados, sino que conformaron un mismo patrón de actividad delictiva continua. El futuro de la “class action” está en manos de la jueza federal Jennifer Rochon, en un caso que podría convertirse en un hito de los fraudes cripto transnacionales.

En Buenos Aires, en tanto, la prohibición de innovar que dispuso Martínez de Giorgi alcanza a Davis y dos presuntos “cueveros” critpo, y se suma a las medidas similares ya adoptadas contra Novelli y Terrones Godoy. El objetivo, según la resolución, es impedir la disposición o transferencia de activos que podrían estar vinculados al producto del delito y garantizar su eventual decomiso.