La Corte Suprema de Justicia rechazó las presentaciones de dos acusados en la causa donde se investiga el supuesto de pago de coimas a funcionarios del kirchnerismo para asegurarse el contrato de las obras de soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, ahora abandonadas.

Los acusados buscaban impugnar la llegada a la causa de información que obtuvo Brasil en el caso del Lava Jato, donde arrepentidos admitían que efectivamente se habían pagado sobornos para la adjudicación de las obras en la Argentina.

Una de las presentaciones fue hecha por Luiz Antonio Mameri, uno de los ejecutivos de más alto rango de la constructora Odebrecht que se acogió al régimen de la “delación premiada” en Brasil y que planteó la nulidad de la incorporación de copias de su confesión en la causa que se tramita en los tribunales de Comodoro Py 2002.

La otra presentación la formuló Mauricio Couri Ribeiro, ex director superintendente de Odebrecht Infraestructura en la Argentina participó de lleno en las negociaciones de los proyectos, quien reclamó en la causa la nulidad del acuerdo de colaboración alcanzado entre el Ministerio Público Fiscal argentino y el de Brasil.

Estos planteos ya habían sido rechazados en instancias anteriores, pero sus defensas llegaron en queja a la Corte Suprema. Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal desestimó las presentaciones por incumplimiento de las formalidades previstas en la acordada 4/2007.

La causa investiga posibles maniobras de fraude a la administración pública y presuntos pagos de sobornos del Grupo Odebrecht y sus socios locales a funcionarios integrantes de la estructura del Ministerio de Planificación Federal durante el Gobierno kirchnerista.

La Justicia sospecha que esos pagos se realizaron para obtener la adjudicación y continuidad en las distintas etapas de la obra del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, que benefició a un consorcio integrado –según su anterior denominación- por las firmas IECSA S.A., Constructora Norberto Odebrecht S.A., GHELLA Societa Per Azioni y COMSA S.A.

Desde hace años, el juez federal Marcelo Martínez de Gorgi tiene pisado el caso Odebrecht a pesar de los pedidos de la fiscalía para avanzar contra los empresarios acusados de los pagos de dinero a los funcionarios del Ministerio de Planificación.

La Cámara Federal instó en 2023 por tercera vez al juez federal Martínez de Giorgi a que defina si procesa o no a los exfuncionarios del kirchnerismo y a los empresarios. La obra del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento implicaba unos de US$1500 millones de inversión y se encuentra paralizada.

Antecedentes

En 2021 llegó al país la información de arrepentidos brasileños que admitieron los sobornos y el caso siguió inmóvil. Los acusados son el exministro kirchnerista Julio De Vido y el empresario Ángelo Calcaterra, que con su exempresa IECSA, que integró el consorcio a cargo de la obra junto con la brasileña Odebrecht.

El fiscal del caso Franco Picardi viene instando al juez a que de una respuesta sobre las situaciones procesales de los acusados, para quienes reclamó la indagatoria por el pago de coimas.

Odebrecht admitió que pagó coimas en todo el continente para asegurarse la continuidad de sus obras. En la Argentina se planteó un acuerdo con los fiscales brasileños para incorporar esa información brindadas por arrepentidos de Brasil en el Lava Jato a la causa local.

Las demoras registradas en este expediente resultan llamativas en comparación con los avances registrados en las otras dos causas vinculadas al capítulo argentino del Lava Jato. En el caso de las planta potabilizadora de Aysa está en pleno juicio oral.

Los imputados son el exministro De Vido, que figura entre los que habrían recibido sobornos, mientras que Calcaterra y su mano derecha, Javier Sánchez Caballero, aparecen entre los acusados de haber abonado esas coimas, junto con ejecutivos de Odebrecht: Luiz Antonio Mameri, Mauricio Couri Ribeiro, Flavio Bento da Faria y Rodney Rodríguez de Carvalho, entre otros.

Las defensas de esos acusados habían planteado la nulidad de algunas de las decisiones tomadas en primera instancia. En particular, por el uso que se le dio a las pruebas aportadas desde Brasil y que incluyen la “delación premiada” de Mameri, exvicepresidente para América Latina de Odebrecht, que confesó cómo y a quiénes pagaron coimas para obtener negocios multimillonarios en la Argentina. La Cámara antes y la Corte rechazaron ahora esas nulidades.

Según Mameri, durante la primera etapa del proyecto, Sánchez Caballero les comunicó a los ejecutivos de Odebrecht en Buenos Aires cuáles eran las pautas para participar del proyecto. Y les informó que habían acordado con funcionarios de Planificación Federal que ganarían la licitación y que por eso deberían afrontar “pagos indebidos” a medida que comenzaran a cobrar las obras.

Aceptadas esas “reglas de juego”, como las calificó ante las autoridades brasileñas y reveló LA NACION en 2017, Mameri admitió que autorizó “pagos indebidos” por US$2,9 millones entre enero de 2011 y enero de 2014, es decir, tras el inicio formal de la ejecución de las obras en 2010 y a medida que el consorcio debía cobrar sus primeros certificados.

Consultado entonces por LA NACION, Sánchez Caballero rechazó la confesión de Mameri. “No lo conozco a ese señor”, replicó, para luego negar de manera enfática cualquier rol delictual. “Yo fui completamente ajeno a cualquier tipo de acción vinculada a eso”, remarcó.

Tras la muerte de Néstor Kirchner, sin embargo, Mameri detalló que cambiaron los intermediarios. Jorge “Corcho” Rodríguez se presentó ante el director de Infraestructura de Odebrecht en la Argentina, Rodney Rodrigues de Carvalho, como “interlocutor” de Roberto Baratta, el funcionario de máxima confianza de De Vido.

Según Mameri, el “Corcho” Rodríguez le explicó a su equipo en Buenos Aires que debía pagar “una contrapartida” por cada factura pendiente de cobro. Era, según los conminó, la única forma de que el ministerio priorizara su deuda. Sin embargo, esas confesiones no se pueden usar en la Argentina y ya se plantearon nulidades. Es porque en Brasil, Rodríguez consiguió anular las evidencias en su contra.

El presidente del Supremo Tribunal brasileño concluyó que no se garantizó la “cadena de custodia” el contenido de dos sistemas operativos de la multinacional y que, por tanto, no se puede usar en juicio. Son las evidencias que lo complicaban en dos causas. La Justicia de ese país bloqueó el uso en la Argentina de esas pruebas. Esa segunda etapa de “pagos indebidos” también fueron a través de la División de Operaciones Estructuradas, cuyo jefe máximo, Hilberto Mascarenhas da Silva -otro delator premiado-, se encargó de los detalles.