El proyecto de Código Penal que presentó el Gobierno moderniza los delitos de hace 100 años, incorpora nuevos, pero fundamentalmente endurece las penas para los delitos comunes y la corrupción, y convierte en no excarcelables al 82 por ciento de los tipos penales.
Es un proyecto de ley elaborado desde hace años, por dos comisiones de juristas (las integraron jueces como Mariano Borinsky y abogados penalistas) y luego el texto fue trabajado por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Fue planteado con la pretensión de que se convierta en un texto de fondo, y que merezca un debate serio, pero a juzgar por la oportunidad de su anuncio, se transformó en una herramienta de cara a las elecciones.
La puesta en escena de la presentación del nuevo Código Penal es una pista de que va en ese camino: fue anunciado en la cárcel de Ezeiza, como símbolo de que “el que las hace las paga”. En el estrado había solo dos sillas, la de Javier Milei y su candidata a senadora Patricia Bullrich.
Cúneo Libarona estaba entre las primeras filas del público, junto al resto de los ministros y del candidato José Luis Espert, rodeado de funcionarios, como si fueran a protegerlo de las acusaciones por sus vínculos con Federico “Fred” Machado y el financiamiento de su campaña presidencial en 2019. Mas atrás se sentaron los jueces federales que asistieron.
Los periodistas estaban sobre una tarima, con un corralito de cuerdas y rodeados de penitenciarios con casco y escudo para que no se bajaran a hablar con los invitados, mientras los tuiteros de Las Fuerzas del Cielo y youtubers recorrían libremente el espacio abierto hasta el escenario. Sin respuestas para preguntas incómodas, las redes mandan.
“El problema no es que se suban las penas, sino que se cumplan. El Código necesita modernizarse y sistematizarse no hay duda, pero lo mas urgente es lograr que se cumpla, sino el aumento de penas es populismo punitivo, es verso”, dijo un encumbrado juez que debe aplicar esta norma en caso de que la apruebe el Congreso.
Un fiscal, referente universitario, coincidió que la suba de las penas no implica que se cumplan y dijo que hay casos donde los jueces fallan por debajo de los mínimos. En cuanto a la reducción de casos con condenas condicionales, advirtió que “va a tener que reactivarse la obra pública y se van a tener que hacer más cárceles”.
Una frase adjudicada al jurista Ernst Beling señala que “el Derecho Penal no le toca al delincuente un solo pelo”. La expresión remarca la necesidad de agilizar el derecho procedimental para que los juicios lleguen a un fin, condena o absolución, recordó otro magistrado federal y remarcó la necesidad de implementar ya el sistema acusatorio de modo que el Poder Judicial federal “abandone su inercia de no decidir en los grandes casos”.
El contenido del nuevo Código Penal plantea cuatro aspectos; el agravamiento de las penas, la imprescriptibilidad, el cumplimiento efectivo de la pena y reducir la liberación anticipada del condenado.
Por ejemplo, elevan los mínimos y máximos de una gran cantidad de delitos. El homicidio simple pasa de los actuales 8 a 25 años de prisión a 10 a 30 años. Y el agravado con prisión perpetua se aplica ahora si la víctimas del homicidio son el presidente, el jefe de gabinete, ministros, policías, maestros, niños o mayores de 65 años. Lo mismo si ocurre en una cancha de fútbol, en una escuela o en la cárcel.
Se fortalece la protección a las víctimas, con mayor participación en el proceso penal. Se regula la “falsa denuncia” con penas más severas, especialmente en casos donde uno de los padres es acusado de delitos sexuales de modo de impedirle ver a sus hijos.
Los delitos de pornografía infantil se agravan hasta los 9 años por la posesión y hasta 12 años a los que la tengan en su poder para distribuirla. Lo mismo pasa con la trata de personas: la pena se aumenta a 10 años y a 15 si es agravada.
Se incorporan nuevas conductas como el “stealthing”, que consiste en sacarse subrepticiamente el preservativo en una relación sexual. Y se sanciona el acoso sexual en ámbitos laborales, docentes o de custodia. También se agravan las penas por grooming y se tipifica la pornovenganza.
Se reforma la figura del robo, en especial incorporando la modalidad de “motochorros” o “viudas negras” con penas no excarcelables de hasta 10 años de prisión cuando el delito se comete con violencia sobre las personas.
También se incorpora como delito la estafa piramidal y crece el castigo para el delito de usurpación a 10 años.
Se establece una pena de 2 a 5 años de prisión para las agresiones cometidas en manifestaciones o concentraciones de personas. Si la agresión estuviere dirigida a un policía u otro funcionario público se eleva al monto de 3 a 9 años.
Con las armas, la tenencia simple sin autorización se castiga con hasta 4 años de cárcel y la portación se convierte en no excarcelable.
Los delitos de los funcionarios son castigados más severamente: la coima se castiga con hasta 10 años prisión (hoy son 6 años la máxima) y se eleva en un tercio si el hecho se produce sobre contratos públicos. Si el delito lo comete un ministro o presidente se eleva a 15 años la pena máxima.
Además, se consideran imprescriptibles los delitos especialmente graves, como los homicidios agravados, los delitos sexuales, el narcotráfico, la corrupción de menores, la trata y el terrorismo.
Con el nuevo Código Penal, por otro lado, se reducen la penas de ejecución condicional y se elevan los mínimos a más de 3 años, para que en el 82 por ciento de los delitos la condena mínima sea de cumplimiento efectivo. Se reducen también los casos de liberación anticipada de los condenados.
El Código Penal vigente fue sancionado en 1921. En estos 105 años transcurrieron 15 gobiernos constitucionales y seis dictaduras, se crearon 18 comisiones de reforma y se aprobaron más de mil leyes que fueron estableciendo modificaciones y parches.
Pero nunca se logró una actualización integral que sea aprobada por el Congreso. En medio de la campaña electoral, y en un momento de fuerte debilidad política, el Gobierno enviará este nuevo código con 920 artículos, a diferencia de los 316 que contiene el actual.