En el vibrante escenario político de Madrid, donde cada movimiento se examina con atención y cada escaño tiene un valor incalculable, José Luis Ábalos ha vuelto a poner en el centro del debate los entresijos de la justicia y las contradicciones del sistema parlamentario. Este exministro socialista, protagonista de uno de los episodios más comentados de la legislatura, podría retrasar hasta diez años una sentencia firme si opta por renunciar a su escaño en el Congreso de los Diputados. Esta maniobra, más propia de un ajedrecista consumado que de un veterano del hemiciclo, ha agitado el panorama político y mediático, mientras en los pasillos del poder se especula sobre las repercusiones que tendría su posible salida. El asunto judicial es bien conocido: la causa abierta en la Audiencia Nacional contra Ábalos, cuya investigación se prevé larga y complicada, podría extenderse durante casi una década si pierde su condición de aforado. Este cambio de jurisdicción ralentizaría el proceso al trasladarlo a un juzgado ordinario, lo que sumaría recursos, demoras y toda la parafernalia procesal habitual en los grandes casos de corrupción política en nuestro país. Así, la tan mencionada «celeridad de la justicia» se pone nuevamente en entredicho. El efecto dominó: la puerta giratoria del Congreso y la alcaldesa de Llaurí Sin embargo, dejar su escaño no solo tendría implicaciones judiciales. La vacante que dejaría Ábalos daría paso a Ana María González, alcaldesa de Llaurí, conocida más por su condena por conducir ebria que por su gestión al frente del municipio. González, que ocupa el cargo en este pequeño pueblo valenciano, fue sancionada con una multa de 960 euros y sufrió la retirada del carné durante ocho meses tras ser sorprendida al volante bajo los efectos del alcohol. Este episodio ha dejado huella en su partido y ha levantado controversias en…
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